La Fiscalía General del Estado «estudia» el cambio de criterio de la Fiscalía cántabra sobre La Loma

Todo ello después de que el pasado jueves, en la primera sesión de cuestiones previas, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial anunciara que el próximo lunes, 7 de octubre, se remitirá a todas las partes el nuevo escrito de acusación de la fiscal Santamaría. Una vez le reciban, el presidente de la Sala les ha citado a todos, acusados y letrados, el jueves, 10 de octubre, a las 10.00 horas, para que ratifiquen en audiencia pública su conformidad o disconformidad con los hechos que se les imputa, y a los abogados de las seis personas que quedarían en la causa, a la espera de saber qué decide la Junta Vecinal de Santullán -única acusación particular que aún no ha desvelado si se adhiere al escrito nuevo de la fiscal o bien mantiene su calificación contra 14 personas (ocho exconcejales, cinco técnicos, y un arquitecto)- para que digan si están o no conformes con la nueva calificación del fiscal.

El magistrado, que anunció que no tendrán que presentarse en las próximas sesiones los que no estén encausados, aseguró que se trata de una modificación «muy seria» de los hechos a enjuiciar que va a suponer una reducción «muy considerable» del número de partes y de la propia magnitud del procedimiento, lo que obligará a reformular el calendario del juicio, cuya duración se había programado inicialmente para seis meses, hasta el 30 de marzo de 2020.

A la espera de conocer el nuevo escrito de la fiscal Santamaría, lo cierto es que el macrojuicio de La Loma se ha desinflado. Únicamente mantiene en la causa a los exalcaldes Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, a los arquitectos Pedro Restegui y Valentín Galdós, al exsecretario municipal César Saiz y a la técnico Yolanda Sánchez.

Este giro de 180 grados en la calificación produce siete años después de que la fiscal María Jesús Cañadas firmase un escrito de acusación contra 46 personas (23 expolíticos, 13 constructores, 7 técnicos municipales y 3 técnicos particulares) para los que pedía un total de 197 años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y estafa. Entre los encausados la penas más elevadas recaían en el exarquitecto municipal Pedro Restegui, para quien solicitaba 12 años de cárcel, igual número que para el exalcalde Rufino Díaz Helguera. Para el exregidor Fernando Muguruza, la Fiscalía solicitaba 11 años, mientras que para el exconcejal Salvador Hierro pedía ocho. Además de penas de prisión, la fiscal reclamaba para un gran número de los procesados multas que ascendían a varios millones de euros e inhabilitaciones para empleo o cargo público.

También hay que recordar que la Sección Primera de la Audiencia Provincial respaldó la instrucción de Acayro, iniciada en 2007 y finalizada en 2015, por otra jueza, con la apertura del juicio oral, al rechazar los recursos de apelación de la mayoría de los encausados.

Pero el pasado jueves, la nueva fiscal del caso anunció su decisión de «contraer» el objeto del proceso en base al «acontecimiento de hechos ocurridos con posterioridad a la formulación del escrito de acusación provisional y muy fundamentalmente a la intención manifestada por los particulares afectados de apartarse del presente procedimiento penal -como ya avanzó este periódico hace una semana- manifestando que su principal interés fue siempre la no demolición de sus viviendas».

Santamaría apuntó que esta «novedosa circunstancia» hace que valore los hechos, también teniendo en cuenta los certificados remitidos por el Ayuntamiento de Castro en los que se da cuenta de la situación material de varios de los sectores de la causa, los denominados suelos urbanizables no programados, en concreto el Sector 2 del SUNP 3, SUNP 4 y SUNP 7), «que no han sido desarrollados y no han sufrido una variación material y no se ha producido un menoscabo alguno de la ordenación del territorio, así como la situación actual de desarrollo del sector 1 del SUNP 3 y del SUNP 12».

Ante esta situación, la fiscal anunció que se sustraía del escrito de acusación todo lo relativo a estas zonas de Castro, «contrayendo» la causa a los instrumentos urbanísticos relativos al SUNP 12 -lo que afecta a la Urbanización San Pelayo promovida por Sacyr Vallehermoso en la pedanía castreña de Santullán- en lo que hace referencia al informe vinculante de Carreteras y «la posible manipulación». «Es decir, no se va a fundamentar la nulidad del Plan Parcial del SUNP 12 en otras razones que no sean el informe vinculante de las actuaciones».

Dicho esto, la fiscal dio a conocer la lista de personas (las penas no las concretó) a las que acusará en este juicio y que queda reducida a seis. A Fernando Muguruza le acusa por presunta prevaricación por su participación en el SUNP 12, en concreto, por la aprobación del Plan Parcial de esa zona, «contraviniendo el informe de Carreteras». A Rufino Díaz Helguera, a Pedro Restegui, a César Saiz (al que también acusa por su intervención en el SUNP 12), y a Yolanda Sánchez, les mantiene en la causa por un presunto delito de cohecho. En el anterior escrito de acusación se les reclamaba cuatro años de cárcel por este hecho y multas de 149.082 euros, 1,8 millones, 1.087.334 euros y 442.336 euros, respectivamente, pero las penas pueden variar si se aplican dilaciones indebidas, teniendo en cuenta que han transcurrido cuatro años desde la apertura del juicio oral.

Finalmente, la representante del Ministerio Público acusa al arquitecto Valentín Galdós por un delito de falsedad documental (en el escrito anterior solicitaba por ello un año de prisión) y por otro delito de cohecho (también se le pedían cuatro años de cárcel y una multa de 900 euros).