La Fiscalía pide 9 años de cárcel para Muguruza y Díaz Helguera en el 'caso de los sobresueldos'

Además, el fiscal del caso, que solicita al Juzgado de Instrucción Nº2 de Castro que acuerde la apertura de juicio oral, pide 5 años de cárcel, también por malversación de fondos públicos, para los exconcejales José Miguel Rodríguez 'KyK', Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Agustín Fernández, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, Elisa Dopico, Agapito Pastor, y para el funcionario municipal Gregorio Alcedo, mientras que para el otro funcionario encausado, Pedro Luis Arroyuelos, solicita 9 años de prisión. Además, pide una multa de 1.800 euros para el exsecretario municipal, César Saiz, por presunta prevaricación.

En el auto de procedimiento abreviado que posteriormente fue ratificado por la Audiencia Provincial, el juez Acayro asegura que el Ayuntamiento de Castro «se ha gestionado en un contexto generalizado, manifiesto y prolongado de graves ilegalidades en materia de contratación de personal, así como en el abono de complementos retributivos que son inexistentes en la legislación de función pública, o sin cumplirse los requisitos legales para su abono o, incluso, cantidades superiores a las previstas en determinados contratos de personal laboral sin justificación alguna».

El instructor señala que hay acreditadas 29 contrataciones directas de personal laboral «sin superar proceso selectivo alguno», a los que suma otros 14 «puestos claves» ocupados mediante contratación o designación directa. «Para ocupar estos puestos también se ha designado a dedo a funcionarios de grupo de titulación o categoría profesional inferior al puesto a ocupar, al margen de la legalidad, sin ningún tipo de proceso». Además, el recaudador municipal e interventor accidental, Gregorio Alcedo, y el funcionario Pedro Luis Arroyuelos, son, según el juez, los beneficiarios de unos «pluses» que habrían aprobado los miembros del equipo de gobierno entre los años 2008 y 2009. Respecto al primero de ellos, el instructor dice que se ha beneficiado de esos sobresueldos a través de un «complemento personal transitorio (CPT)», «sin motivo ni título legítimo alguno que lo justificase» y que le ha supuesto un beneficio propio «y correlativo perjuicio para las arcas públicas» de cerca de 100.000 euros, tal y como consta en el informe de intervención de la Agencia Tributaria.

Sobre Arroyuelos, empleado al que se le asignan funciones de responsable en la elaboración y tramitación de nóminas, el instructor dice que uno de los motivos que posibilita incluir los conceptos inexistentes en la legislación es que el sistema informático presenta «importantes carencias». «En beneficio propio y correlativo perjuicio para las arcas públicas, se ha incluido en la nómina conceptos aplicados al resto de trabajadores de manera lineal y periódica, y, como propio de su puesto, el llamado «complemento personal transitorio», por importe de 200.000 euros».

Por contra, cabe recordar que el Consejo de Estado consideró, tras consulta del Ayuntamiento, que no procedía declarar nula la concesión de un complemento personal transitorio a los dos funcionarios municipales.

Ahora, el fiscal señala que el exalcalde Díaz Helguera, «a sabiendas de su ilegalidad», llevó a cabo una contratación (de personal) con un «criterio personalísimo y opaco» allí donde el orden jurídico imponía el máximo de objetividad y transparencia, en doble garantía de la calidad de la elección y de la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público (igualdad, mérito, capacidad y publicidad). Y lo hizo, según la Fiscalía, mediante una «anulación sistemática, consciente y voluntaria de los controles de legalidad, contratando a su libre albedrío al personal del Ayuntamiento, manteniendo una situación generalizada de interinidad con ánimo de obtener beneficios personales y patrimoniales, colocando en puestos esenciales y especialmente sensibles en la Administración local a personal designado por él, sin ningún tipo de concurrencia. Manteniéndolos o promocionándolos en su cargo pese a los numerosos informes de la intervención municipal, a los que intencionadamente hizo caso omiso».

En el caso de Muguruza, dice el fiscal que mantuvo las «contrataciones ilegales» previas y realizó otras sin proceso selectivo y sin concurrencia, pese a los reiterados informes de intervención y de la técnico de Recursos Humanos, extendiéndose la «contratación totalmente arbitraria», en relación a la Residencia Municipal y al Servicio de extinción de incendios.