La Fiscalía retira su petición de derribo del edificio Proconor de Castro Urdiales

Pero tras las cinco sesiones celebradas del juicio oral, la fiscal reformulado su acusación, a la vista de las comparecencias de diferentes técnicos municipales como peritos. Como ya publicó este periódico, el ingeniero municipal del Ayuntamiento de Castro, Álvaro Pérez, aseguró durante su comparecencia ante la titular del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander, Rosa María Gutiérrez, que el edificio de Proconor «está fuera del equipamiento público» y que es parte de la Avenida Cantabria la que está en «zona equipamental».

Pérez, que ocupó durante un año y medio el cargo de gerente de Urbanismo de Castro y desde 2007 desempeña el puesto de ingeniero municipal, señaló que el Ayuntamiento encargó un estudio topográfico de la zona que es objeto de investigación y las conclusiones a las que se llegaron es que, en contra de las tesis de la fiscal y del instructor del caso, el edificio Proconor «no está levantado sobre el equipamiento público». «El problema es que una parte de la calle (la Avenida Cantabria) está en zona de equipamiento». En concreto, según detalló, ese vial ocupa 370 metros cuadrados del equipamiento. «Pero ninguna de las esquinas del edificio Proconor está en zona equipamental», reiteró.

El ingeniero castreño aseguró también que el Ayuntamiento recibió 122 metros cuadrados más de lo que aparecía reflejado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castro Urdiales en concepto de cesiones. Es más, ante las tesis de la fiscal de que el Consistorio habría perdido una parte de la superficie total destinada al equipamiento deportivo o educativa, Pérez, quien dijo que no se ha recepcionado una parte de la calle porque, a parte de estar cortada hay una grúa y una caseta de obra, señaló que «el Ayuntamiento no ha perdido porque el suelo está allí».

De su lado, el perito judicial, Jesús Molinero, que reconoció haber hecho varios informes a instancia del juez Acayro y que los hizo «en función de quién se los encargó y no hablando con todas las partes», fue muy rotundo a la hora de señalar que «la zona de equipamiento público -objeto de este juicio- sólo queda invalidada por el vial, no por el edificio Proconor». Asimismo, señaló que «un suelo de equipamiento no se puede convertir en un viario», en contra de lo que mantienen las defensas de los acusados y otros técnicos y peritos.

Por otro lado, la fiscal y el resto de acusaciones (salvo la de la comunidad de propietarios del edificio) retiraron los cargos contra 4 de los 19 encausados en este procedimiento. Se trata de los exconcejales Ana Zubiaurre, Marta González, Guzmán Miranda y Elisa Cantero. Todos ellos quedarían fuera del caso, a la espera de que la acusación de la comunidad de propietarios también deje de acusarles, «porque no consta acreditado que conocieran las vicisitudes de la tramitación urbanística de la unidad de ejecución de la 1.26».

Hoy se celebra la sexta sesión del juicio con las conclusiones tanto del Ministerio Fiscal como de la acusaciones particulares y las defensas de los acusados.