La Fiscalía solicita la absolución de los expedáneos de Mioño y Lusa

Este viernes se celebró la tercera y última sesión del juicio que se ha seguido en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria -que se retomó el pasado 13 de abril, un año y cuatro meses después de su última suspensión en diciembre de 2016- en la que tuvieron lugar las comparecencias de los peritos, además de las conclusiones finales.

Así, el fiscal del caso, que en su escrito de calificación no describió delito alguno, consideró que «no procedía despachar acusación» contra los expedáneos. El representante del Ministerio Público fue desarmando cada uno de los delitos que atribuye la acusación participar a los dos expedáneos. Respecto a la imputación de estafa, el fiscal estimó que no concurre en este caso porque en el momento de la firma del contrato, la UTE Dícido «ya sabía que tenía que tramitar un PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) para poder llevar a cabo su proyecto, y aun así lo firmaron». «El objeto del contrato no era posible y no se solicitaron los permisos para llevarlo a efecto». En este sentido, el representante del Ministerio Fiscal aseguró que el contrato «no ha sido un puro artificio al servicio del fraude», existiendo una «voluntad negociar real» por parte de las juntas y sus alcaldes. Así, para el Ministerio Público, lo que ha existido es una «discrepancia contractual» entre las partes que suscribieron contrato, cuya resolución debe corresponder a la jurisdicción civil.

Asimismo, descartó que haya una apropiación indebida por parte de los expresidentes de las juntas vecinales de Mioño y Lusa «porque la UTE no cumplió el contrato al no hacer el ingreso en las cuentas mancomunadas».

Sobre el delito de prevaricación, el fiscal señaló que no ha resultado debidamente acreditado que los acusados dictaran resoluciones administrativas que «infringieran de forma palmaria» el ordenamiento jurídico administrativo, con la finalidad de «perjudicar injustamente» los intereses públicos o los de la parte contratante en el expediente de contratación hecho con la UTE Dícido. «Ha sido un negocio jurídico malogrado», apostilló el fiscal.

En este procedimiento ejercen la acusación particular las dos empresas que formaban la Unión Temporal de Empresas (UTE), Sadisa y Emilio Bolado, que piden penas que suman 17 años de cárcel y 24 de inhabilitación para cargo público para Echevarría y Alijo, así como una indemnización de más de 1,25 millones de euros por los citados delitos.

Según sostiene la acusación particular, en base al contrato, los expedáneos de Mioño y Lusa idearon el modo de «estafar» a la UTE y apropiarse ilegítimamente de más de 1,2 millones para ingresarla en las cuentas bancarias de las Juntas primero, y hacerla desaparecer de las mismas después, «en cuestión de semanas» (en el caso de Lusa fue en ocho días y Mioño lo hizo en un mes) sin que se sepa con exactitud el destino de dicha cuantía, pues el medio usado para su distracción fue, según Sadisa, la emisión y utilización «descontrolada» de numerosos cheques al portador.

«Licitaron un aprovechamiento que requería una actividad minera que está prohibida por el Plan General de Ordenación Urbana de Castro y los pedáneos lo conocían. El pliego y el concurso eran inviables», señaló la abogada de la UTE.

Además, la letrada de la acusación particular, que aseguró que el «engaño es algo elástico que tiene forma irregular y fugaz», afirmó que los certificados bancarios que demuestran que las cuentas donde tenían que ingresar la UTE 800.000 euros eran mancomunadas, «no eran veraces». «Todo esto es un delito de estafa premeditado», aseveró.