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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha impugnado el recurso de casación que ha presentado la defensa del magistrado Luis Acayro Sánchez frente a la sentencia del TSJC por la que fue condenado a cinco años de inhabilitación para el ejercicio de su cargo –ahora ... está suspendido provisionalmente de sus funciones– por un delito de prevaricación judicial a raíz de la querella que presentaron el Colegio de la Abogacía de Cantabria y el letrado José María Real hace dos años.
En aquella sentencia, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) cuestionó la profesionalidad de Acayro Sánchez al considerar que se «excedió» y que dictó una resolución «injusta» en perjuicio de un abogado.
Ahora, en el trámite de la resolución de su recurso, el fiscal Fidel Cadena entiende que el Supremo debe desestimar todos los argumentos presentados por la defensa y dos de los tres esgrimidos por la acusación particular, que ejerce el Colegio de la Abogacía. Cadena estima el primer motivo que aduce el Colegio de la Abogacía y que pone de relieve que existe una contradicción al condenar por dolo –que es la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas– y aplicar a su vez la atenuante de error vencible (aquel que atendiendo a las circunstancias que lo acompañaban, podría haber sido evitado por el sujeto que lo provocó). Esta es precisamente la única cuestión por la que también decidió recurrir la sentencia condenatoria la Fiscalía del Supremo, que pide la aplicación del delito de prevaricación dolosa con las penas no rebajadas, que son doce meses de multa y diez años de inhabilitación especial (la Fiscalía de Cantabria solicitaba antes del juicio 15 años de inhabilitación).
Por contra, el fiscal solicita al Supremo desestimar los otros dos motivos que alega la acusación particular, que defiende que los hechos enjuiciados pueden tener relevancia penal y que, por ello, habría continuidad delictiva. También reclama la inadmisión de todos los motivos por los que ha recurrido la defensa de Acayro Sánchez, que apuntan a infracción de ley, quebrantamientos de forma y vulneración de precepto constitucional, en base a diferentes artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El titular del Juzgado de lo Contencioso Nº2 de Santander, conocido por su investigación judicial en el Ayuntamiento de Castro, se convirtió en 2017 en el primer juez condenado en Cantabria por un delito de revelación de secretos, aunque meses después el Tribunal Supremo le absolvió.
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