La Fiscalía da luz verde al teatro Ágora que el Ayuntamiento de Castro paralizará

Como se recordará, el candidato de Ola Cantabria denunció un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias por la construcción del centro multiusos Ágora. Arcocha entregó a la Fiscalía, según dijo, documentación que demostraba que la firma del convenio entre el por entonces alcalde de Castro, Ángel Díaz-Munio (Castro Verde), y el consejero de Obras Públicas, José María Mazón (PRC), se realizó «bajo un posible fraude de Ley al no respetar el Plan especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Castro Urdiales publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el día 2 de noviembre del 2001».

Según apuntaba el candidato de OlaCantabria, en dicho plan de protección se recoge que no se permitirá la agrupación de más de dos parcelas y en ningún caso el lindero frontal resultante superará los doce metros dentro de los límites de este plan de protección. «Algo ya sabido por los servicios jurídicos municipales y que chocan con la firma del convenio, donde el Ayuntamiento se compromete a la agrupación de las parcelas números 5, 7 y 9 de la calle Ardigales en una sola, a la vez que sobrepasa los límites del lindero frontal de los doce metros estipulados».

Arcocha también solicitaba la investigación de las causas por las cuales antes de firma del convenio entre las instituciones en los planos del anteproyecto presentado por la empresa pública Gesvicán y en el concurso de ideas del proyecto viene reflejada una servidumbre de paso a los sótanos existentes en la parcela número 11 de la misma calle. «Sótanos que según el registro de la propiedad tienen su derecho de paso por el número 11 pero que no existe en la realidad. Por lo que necesitan una servidumbre de paso por los terrenos colindantes que pertenecen a Castro Urdiales».

Para OlaCantabria existían indicios de un presunto delito de tráfico de influencias, «ya que los promotores políticos de esta obra se reunieron en la sede de la Consejería de Obras Públicas con José María Mazón, José Orruela, exconcejal del PRC en Castro y gerente de Gesvicán; y Jesús Gutiérrez, concejal y portavoz municipal regionalista en Castro».

Sin embargo, la fiscal superior, Pilar Jiménez, encargada del caso, tras incoar las correspondientes diligencias de investigación y tomar declaración a varios testigos descarta la existencia de un delito de prevaricación por parte de un funcionario o concejal. En cuanto a la concesión indebida de una servidumbre de paso inexistente en favor de la finca nº11, dice la fiscal que, «a pesar de detectar una anomalía que se puede rectificar, no podemos hablar de la existencia de delitos».

Tras esta resolución, CastroVerde recordó ayer que siguiendo con lo estipulado en el convenio, la empresa pública Gesvicán debería licitar y ejecutar ahora la obra que haga realidad ese proyecto que el Ayuntamiento costearía en veinte años, dotando a los ciudadanos de esta infraestructura pública que dejó de existir hace más de cuarenta años, tras el derribo del teatro de la villa.

«A pesar del trabajo que ha supuesto llegar a este acuerdo, la nueva corporación municipal ya ha hecho saber que intentará paralizar el proyecto, solicitando ejecutar otro de mayor tamaño sin haber hecho ningún análisis de los aforos habituales de las actuaciones, ni de la capacidad económica del Consistorio. Confiemos en que este alarde no demore aún más la construcción de un teatro que tantas décadas lleva esperando Castro».

De su lado, el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, que respeta la decisión por ser una obra municipal, aseguró ayer que el nuevo equipo de gobierno de Castro tendrá que trasladar a la comisión de seguimiento del proyecto su intención de paralizarlo, y en este caso «tendrá que colaborar con los gastos generados hasta ahora procedentes de los estudios geotécnico y arqueológico, y parte del proyecto de ejecución».