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El traslado de Conservas Lolín al polígono de Sámano cada vez está más cerca, apenas queda un último trámite para que se lleve a efecto después de que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria (Crotu) informara ayer favorablemente ... la modificación puntual número 23 del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Castro Urdiales, sobre una parcela en la que se ubica actualmente una industria conservera, que pasa a formar parte de un uso comercial-productivo, manteniendo la misma clasificación del tipo de suelo, calificado como urbano, y respetándose las servidumbres de Confederación Hidrográfica existentes.
Con este visto bueno del Gobierno de Cantabria, al que se suma, por otro lado, el de la Demarcación de Costas en Cantabria, el traslado de la conservera únicamente está a falta de que el Pleno castreño apruebe definitivamente esta modificación del Plan General.
A la espera de que se convoque dicho pleno, cabe recordar que la consecución de este traslado, recogido en un convenio suscrito en la anterior legislatura entre el Ayuntamiento y Conservas Lolín, se ha topado con una serie de obstáculos.
Los trámites para llevar a cabo esta actuación comenzaron hace tres años, en diciembre de 2015, cuando el propietario de Conservas Lolín solicitó al Ayuntamiento la modificación del Plan General para poder hacer efectivo el traslado de su fábrica al polígono de Sámano. Como se recordará el convenio entre el Consistorio y la conservera se topó con una alegación de EQUO Cantabria, que obligó al Ayuntamiento a investigar si Conservas Lolín había usurpado suelo público, algo que se descartó. Y, además, el exconcejal de Anexión a Vizcaya y propietario de la parcela que está situada frente a la fábrica y en la que hay instalado ya un supermercado, César Barco, denunció el convenio en el Juzgado de lo contencioso. Sin embargo, el juez consideró que el convenio «está ajustado a derecho», por lo que desestimó el recurso, aunque fue recurrido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, que, posteriormente, ratificó el acuerdo. «El convenio ha justificado en su memoria el interés general en la actuación, porque expresa con toda claridad que su razón es mejorar el aspecto medio ambiental de la zona, ampliar suelos rotacionales y la desaparición de una zona fabril insalubre y molesta», apuntó el TSJC, que añadió al anterior fallo que el expediente contiene todos los informes sectoriales preceptivos y que dan igualmente el visto bueno al convenio, destacando que el Gobierno regional «no encuentra efectos ambientales negativos y aplaude la implantación de una nueva vía ciclista». Además, este convenio también ha tenido su repercusión política, ya que el líder del PRC castreño y gerente de Conservas Lolín, Jesús Gutiérrez, renunció a su acta de concejal en el mes de junio de 2017 para «garantizar la independencia del PRC» y porque «no va a cambiar cromos porque haya un proyecto suyo en medio».
Tras enterarse por este periódico del visto bueno de la Crotu y Costas a la modificación del PGOU castreño que permite el traslado de la conservera, la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán (PSOE), señaló ayer que su grupo durante la anterior legislatura se había abstenido a la espera de conocer las conclusiones de los informes vinculantes de la Crotu y de la Demarcación de Costas. «Si los informes son favorables poco más hay que decir». «Tendremos que conocer el contenido de dichos informes de cara al Pleno en el que se someta a aprobación definitiva la modificación del Plan General».
Como ya avanzó El Diario, Mercadona ha firmado con los propietarios de la conservera un contrato para instalarse en Castro durante los próximos 25 años. Toda la planta baja del edificio, en el que aún trabajan los empleados de Conservas Lolín y que se convertirá a futuro en un centro comercial, se destinará a la instalación de un supermercado de esta cadena. Una superficie de unos 3.600 metros cuadrados, lo que convertirá a este Mercadona en el más grande de la firma en toda Cantabria. La firma tiene previsto la creación de entre 45 y 50 puestos de trabajo y su intención era abrir sus puertas antes de que finalice 2020, aunque este plazo puede variar.
El convenio plantea no solo el traslado de la fábrica al polígono de Sámano, sino también la construcción de infraestructuras que mejoren la vialidad conectando el carril bici hacia Mioño con Castro.
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