Guriezo alega en contra del proyecto del parque eólico Maya

Continúa la presentación de alegaciones para evitar la construcción del parque eólico Maya y su infraestructura de evacuación, una actuación que afecta a los municipios cántabros de Guriezo y Castro Urdiales y a los vizcaínos de Muskiz y Ciervana-Abanto. En estos días, cinco concejales de la corporación guriezana registraron sus argumentos con el fin de que se deniegue la autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del anteproyecto del parque. Así, Narciso Ibarra, Adolfo Izaguirre, Ángel Fernando Serna, Aitor González y Marián Peña (exmiembros del equipo de gobierno) manifiestan en cinco alegaciones su parecer, explicando, entre otras cuestiones, que la instalación del parque se quiere levantar sobre suelo rústico o no urbanizable.

Los ediles alegan que la ubicación del parque eólico Maya incumple el Plan de Ordenación del Litoral (POL) de Cantabria. Además, recuerdan que no existe en la región un Plan Regional de la Ordenación del Territorio (PROT) que regule la posibilidad de instalar en suelo rústico este tipo de parques, aunque reconocen la existencia de un documento para su aprobación inicial y tramitación definitiva, pero que no se debe autorizar, por tanto, su instalación en la región, hasta que no se apruebe el PROT, que deberá ordenar antes de su implantación, entre otras cuestiones, los «impactos de infraestructuras tan agresivas como las generadoras, transportadoras y suministradoras de energía eólica».

Del mismo modo, los concejales destacan que el emplazamiento del eólico se proyecta en el entorno de diversos pueblos, por lo que, de aprobarse, «perjudicaría gravemente a las personas y a sus medios de vida presentes y futuros» y también a numerosas especies amenazadas de Cantabria, a la conservación y protección de hábitats de interés comunitarios «gravemente afectados» y al área de amortiguación del corredor de enlace R3-Armañón-Ganekogorta de la red de Corredores Ecológicos del País Vasco.

Por otro lado, el documento registrado añade que el suelo en el que se pretende implantar la infraestructura tendría la consideración de suelo no urbanizable o rústico y la «autorización solicitada incumpliría la norma urbanística». Para concluir, los ediles aseguran que el proyecto genera «impactos significativos», pues causa «graves daños», además de a la población asentada en su entorno y su posible futuro desarrollo, a «importantes valores medioambientales» de fauna y flora, su ecosistema y sus valores ganaderos, agrícolas, culturales y turísticos.

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