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El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) sacaba ayer a licitación el contrato de gestión del Centro de Día de Castro Urdiales anunciado el día anterior por el vicepresidente del Gobierno regional, Pablo Zuloaga, con vigencia hasta el 31 de agosto y prorrogable cuatro meses ... más. Sin embargo, estas primeras actuaciones por parte del Icass no han sido suficientes para los usuarios y trabajadores del centro castreño, que volvieron a salir ayer a la calle por segunda vez en este mes para reivindicar el mantenimiento de las instalaciones.
Los afectados «no pensábamos estar hoy aquí con la gran noticia de ayer anunciada por el vicepresidente, pero no están todos los cabos atados y hay mucha incertidumbre entre los trabajadores del centro y los usuarios», anunciaban mientras mantenían la convocatoria de concentración a partir de las 19.00 horas. Estas dudas se fundamentan, sobre todo, en la prestación del servicio entre el 1 de enero y la fecha en la que entre el vigor el nuevo contrato, así como a partir de la finalización del contrato que ha salido a licitación. La incertidumbre pesa también sobre la reducción de plazas. «Venimos de una situación en la que ya había muchas informaciones muy confusas, que al final detrás de una buena noticia había un cierre y estamos agotados. Queremos negro sobre blanco», comentó el director del Centro de Día, Alejandro Helguera.
Fuentes del Icass confirmaron ayer a El Diario Montañés que el servicio se seguirá prestando con la actual concesionaria, Pro Maioren, hasta que la nueva adjudicación sea efectiva. Sin embargo, según la directora ejecutiva de Pro Maioren, Julia Gurruchaga, es algo que «no está cerrado» a falta de concretar a través de qué tipo de contrato se efectuaría la prestación del servicio. Por ello, Gurruchaga mantenía la cautela antes de confirmar que su empresa continuará en enero.
Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 17 de enero, y según se establece en los pliegos, de las plazas que el centro tiene autorizadas, el servicio se prestará para un máximo de 25. Además, se contempla la obligación de subrogar al personal, según se recoge en el apartado de condiciones especiales de ejecución del contrato del pliego de cláusulas administrativas.
«Lo único claro que tenemos es que los trabajadores tienen la carta de despido desde el 15 de diciembre sin tener noticias nuevas al respecto», señaló durante la protesta la representante de las familias y los trabajadores, María Antonia Caparrós, que lamentó que «de las 55 plazas que había en el Centro de Día, el Icass ha quitado de un plumazo 30 plazas concertadas». Caparrós apuntó que en estos momentos hay 23 usuarios, con lo cual solo podrían entrar dos personas nuevas, «o la otra opción que nos queda es esperar a que vayan falleciendo los usuarios para poder ir entrando nuevos». Además, censuró que «no sabemos a estas horas quién va a gestionar el servicio del 1 de enero hasta la adjudicación del nuevo contrato licitado ayer, que será en febrero de 2023 como mínimo» y se preguntó «qué hacemos con nuestros mayores durante este mes o mes y medio». Al mismo tiempo criticó que hayan reducido la capacidad de las instalaciones y «tampoco está claro donde nos van a ubicar mientras se realizan las obras».
En opinión de Caparrós, «se tendría que votar que no al cambio de uso del edificio» que se llevará al Pleno de Castro el próximo martes, «al no estar garantizada a fecha de hoy la continuidad del servicio y los puestos de trabajo desde el 1 de enero». Entiende que «se está moviendo ficha ahora porque nos hemos movilizado, hemos metido ruido y nos ha apoyado la ciudadanía».
Entre pitos y al grito de «Soluciones o dimisiones», los afectados denunciaron que «los políticos siguen adelantando noticias sin ser ciertas y la intención del Icass en un principio era cerrar el Centro de Día y lo quiere conseguir poco a poco, lo vemos con las plazas que ha quitado ya». Por ello, animaron a todos los castreños a «no bajar la guardia y a vigilar con lupa» a sus dirigentes.
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