Inhabilitado cinco años por dictar una resolución «injusta» frente a un abogado

En el primer pleito, el constructor castreño Jon Loroño (Promociones Paraíso) denunció al magistrado por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos por acceder al Registro Central de Penados y Rebeldes, a través de la secretaria judicial, para obtener la hoja penal del promotor (unos antecedentes que habían caducado), que le había denunciado ante el CGPJ. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) condenó en diciembre de 2015 a Acayro Sánchez a un año y tres meses de prisión y a tres años de inhabilitación absoluta. Sin embargo, siete meses después, la Sala de lo Penal del Supremo revocó esta sentencia y estimó el recurso de casación interpuesto por el juez, al considerar que con su conducta no incurrió en delito.

El segundo procedimiento al que ha tenido que hacer frente este magistrado ha sido durante su etapa profesional en el Juzgado de lo Contencioso Nº2 de Santander, plaza que ocupa desde hace diez años. Fue en abril de 2021 cuando el TSJC admitió a trámite una querella del Colegio de Abogados de Cantabria y el letrado José María Real que se sustentaba en dos asuntos. Por un lado, los querellantes sostenían que Acayro Sánchez dictó resoluciones con la finalidad de investigar la relación contractual que une al abogado Real con el Ayuntamiento de Castañeda, las retribuciones, facturación y forma de pago de los servicios prestados como abogado al Consistorio, informando sobre ello a la Agencia Tributaria.

Por otro lado, el colectivo denunció que el juez dedujese testimonio a la Fiscalía (lo propuso una de las partes) contra Real por la supuesta comisión de un delito de falsedad documental, que después se descartó.

En noviembre de 2022, el TSJC le condenó a cinco años de inhabilitación (las acusaciones pedían 15 años) por un delito de prevaricación judicial, al considerar que se «excedió» y que dictó una resolución «injusta» en perjuicio de un abogado. La Sala de lo Penal solo apreció delito en el primero de los asuntos. En el segundo, reconoció que hubo un «perjuicio objetivo» al letrado querellante, pero no entendió acreditada la «intención de perjudicar» del juez.

El pasado 20 de enero se cumplieron dos años y medio desde que el Consejo General del Poder Judicial le suspendiera cautelarmente de sus funciones y el magistrado lleva dos años esperando a que el Supremo se pronuncie. En caso de que se ratifique la condena, el juez podría computar el tiempo que lleva suspendido hasta el momento del fallo.