Uno de los jóvenes que pidió auxilio de broma se enfrentará a una multa de más de 1.500 euros

Los hechos ocurrieron el lunes sobre las nueve y cuarto de la noche. Dos chicos de 18 años se bañaban en Brazomar y en un momento dado al menos uno de ellos se puso a gritar y a hacer gestos que daban a entender que estaban sufriendo un grave problema. Dos personas creyeron que podrían estar ahogándose, y se lanzaron al agua para salvarlos. Recorrieron a nado los 150 metros que separan la orilla de la plataforma acuática por la que se bañaban y ya allí, con los chavales, estos les habrían confesado que era «una broma». Pero la maquinaria de rescate ya se había puesto en marcha con las llamadas de los testigos a los servicios de emergencias. Una embarcación de la DYA se plantó allí en cinco minutos, y luego llegó su ambulancia y, a la vez, el 112 movilizó a los bomberos, a la Guardia Civil, la Policía Local, el 061 y hasta informó de lo ocurrido a Salvamento Marítimo y puso en preaviso al helicóptero, todo un despliegue que viene contemplado en los protocolos cuando se trata de avisos por persona en el agua. Aunque se comprobó casi de forma inmediata que se trataba de una falsa alarma, los medios que llegaron a desplazarse permanecieron en el lugar aproximadamente una hora para confirmar al cien por cien que allí no pasaba nada. Todo esto tiene un coste. Y es lo que ahora están calculando los servicios activados en falso para añadir al montante de la multa que se imponga a los infractores.

Desde un primer momento la Policía Local inició una investigación para determinar si lo ocurrido fue algo involuntario (viandantes que con buena fe llamaron a los servicios de emergencia porque pensaban que había dos chicos en apuros) o malintencionado (si los protagonistas lo provocaron pidiendo socorro previendo lo que podía pasar). El martes por la tarde se tomó declaración a uno de los testigos que llamó al 112, que describió los gritos y gestos de uno de los chavales, y el jefe de la Policía, el subinspector Domingo García, considera que con este testimonio «ha quedado acreditado» que al menos uno de los chicos pidió auxilio. «Falta todavía tomar declaración a uno de ellos para determinar si el otro también lo hizo». Los dos chavales son vecinos de Castro Urdiales y tienen 18 años, y como son mayores de edad serían ellos los multados (uno o los dos), no sus padres o tutores. En cuanto al montante de la sanción, será el instructor del expediente (en este caso es el propio jefe de la Policía) el que determine la cuantía exacta -entre 1.500 y 3.000 euros, tal y como figura en la ordenanza-.

La semana que viene estará terminada la instrucción del expediente y el pliego de cargos se comunicará ya a las partes.

A la multa que se imponga se puede añadir el pago el coste de los recursos movilizados, al menos los de titularidad municipal, según las tasas contempladas en dos ordenanzas fiscales por prestación de servicios de la Policía Local y de los Bomberos de Castro, respectivamente. La Policía movilizó a Brazomar a cuatro agentes y dos patrullas (33 euros la hora cada efectivo), «algo menos de 200 euros en total», calcula García. En cuanto al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, se movilizó a un vehículo con tres bomberos y se activó a la jefatura para gestionar el uso de la embarcación, en total cuatro profesionales y dos vehículos, cuyo coste por una hora de servicio está por calcular todavía.

En cuanto a la DYA, al tratarse de una organización sin ánimo de lucro, con un funcionamiento similar a Cruz Roja, no contemplan un sistema de cobro por sus servicios aunque se haya realizado un mal uso de ellos.

Por último, el 112 tampoco tiene previsto pasar factura a los chavales. El Servicio de Emergencias del Gobierno de Cantabria considera que la llamada «no fue maliciosa», sino que «alguien de buena fe llamó al 112 para avisar de una situación que creía de peligro». En el caso de que esa llamada la hubieran hecho los propios chicos a propósito, sí se consideraría maliciosa y entonces «se podría llegar a plantear hacer algo al respecto».

El gasto que supone la prestación de servicios de Protección Civil en Cantabria está contemplado y la capacidad sancionadora compete al Gobierno regional, pero nunca llegó a aplicarse en casos de negligencias o mal uso de los recursos. Desde el 112 puntualizan que, en este caso, se puso en prealerta al helicóptero pero no llegó a despegar. La tripulación que estaba de guardia ni siquiera se desplazó hasta el aeropuerto porque, antes, se les comunicó que era una falsa alarma. En cualquier caso, para el 112, más que el gasto que generan estas conductas «lo grave es que la gente movilizada no esté en sus bases atenta a cualquier emergencia que pueda ocurrir». En el Servicio de Emergencias de Cantabria son partidarios de luchar contra estas malas prácticas con «trabajo preventivo». «Con charlas en colegios, con visitas de escolares a los parques de emergencias, con la revista... se trata de educar en el buen uso de los servicios», señalan desde el 112.