El juez Acayro declara nulo el pleno en el que se tumbó el Convenio de Lolín

Por otro lado, el juez Acayro acuerda «retrotraer el expediente a la convocatoria del pleno realizada a fin de que, en cumplimiento de la sentencia, en un plazo de cinco días, se proceda a adoptar el acuerdo de conformidad con el expediente tramitado (todos los informes vinculantes son favorables) con apercibimiento expreso de poder incurrir en responsabilidad patrimonial y sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas«.

El magistrado indica en su auto que su resolución no es firme y cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ya se pronunció el pasado año respecto a este tema, avalando el convenio.

Una vez conocida la resolución jdicial, el PRC de Castro ha pedido «responsabilidad» al Ayuntamiento para «poner fin» al conflicto que mantiene con Conservas Lolín.

En una nota de prensa, el PRC se ha reafirmado en la postura y los argumentos esgrimidos por sus representantes municipales, que junto a los de Castro Verde fueron los únicos que apoyaron la modificación urbanística por entenderla ajustada a Derecho y contar con todos los informes preceptivos favorables. «Aunque estuvo presente en la sesión plenaria del 4 de febrero, la dirección regionalista no se había pronunciado hasta ahora sobre el asunto por la implicación personal de su portavoz en Castro Urdiales, el propietario de la empresa, Jesús Gutiérrez», explica la nota.

Una vez conocido el fallo judicial, ha valorado que «despeja cualquier posible duda» que pudiera existir sobre la legalidad del cambio en el PGOU y demuestra que si existe alguna razón para impedirlo «no es de orden jurídico».