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Abel Verano
Castro Urdiales
Lunes, 16 de marzo 2020, 14:21
«Se ha manipulado y tergiversado lo acordado en el auto de 6 de marzo de 2020 excediéndose de sus funciones la secretaria municipal. En concreto, porque ha includo expresamente en la propuesta que la aprobación definitiva de la modificación nº 23 del PGOU ... de Castro Urdiales es 'por imperativo judicial' cuando en ningún momento se ha ordenado aprobar un instrumento de planeamiento urbanístico alguno, sino que 'se proceda a adoptar el acuerdo de conformidad con el expediente tramitado' dentro de las opciones que prevé la Ley«. Esta es una de las conclusiones a las que llega el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, en una providencia emitida este mediodía después de que Conservas Lolín presentara a primera hora un escrito aclaratorio sobre la propuesta de debía votar mañana en la repetición del pleno anulado por «fraude de ley», convocado a las 08.00 horas. Una sesión que la alcaldesa ha decidido suspender por el coronavirus.
Como ya publicó el pasado domingo este periódico, la propuesta de acuerdo del pleno previsto para mañana contenía siete puntos. Y es que la secretaria municipal no solo planteaba que se acordará la aprobación definitiva «por imperativo judicial» de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Castro, sino que en esa sesión los ediles también «dejan constancia en garantía de la seguridad jurídica», de que contra el auto de Acayro se ha interpuesto recurso de apelación, «interesando su declaración de nulidad». Además, apuntaba la secretaria, «en razón al recurso, una supuesta sentencia estimatoria podría acordar la revocación del auto de Acayro, así como la anulación de todos aquellos actos que se hubieran adoptado en su cumplimiento, incluido el presente acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del PGOU». Pero no quedaba ahí la cosa, porque en su propuesta de acuerdo la funcionaria castreña proponía a los concejales que «en cumplimiento del convenio urbanístico suscrito, Conservas Lolín deberá aportar en el plazo de 15 días los documentos que acrediten que dispone de financiación y recursos suficientes para la adquisición de la parcela, construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones industriales en Vallegón e informar sobre la planificación temporal del traslado».
Ante estas propuestas, la empresa ha presentado escrito aclaratorio en el Juzgado que ha sido contestado en unas horas, «a los efectos de no causar perjuicios irreparables, no siendo controvertida por las partes la urgencia de la presente ejecución«.
En dicha providencia, Acayro señala que «a pesar de haberse solicitado por los ejecutantes (Conservas Lolín) que la repetición del pleno se celebrara la semana pasada por la situación de emergencia sanitaria existente, la alcaldesa acordó que dicho pleno se celebrara el martes, 17 de marzo, a las 08.00 horas. Asimismo, en aparente cumplimiento de la resolución judicial, por la Administración se ha realizado una convocatoria con un informe/propuesta distinta con la que se sometió al pleno de 4 de febrero de 2020 (el anulado)«.
El magistrado señala, además, que el resto de puntos del acuerdo propuesta por la secretaria municipal «tampoco proceden» y de acuerdo con lo solicitado, «debe entenderse que la propuesta debe ser la misma que la del pleno de 4 de febrero de 2020». Es decir, la de abordar la aprobación definitiva de la modificación nº23 del PGOU de Castro.
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