El juez Acayro multará a la alcaldesa de Castro si no se repite antes del lunes el pleno del Convenio de Lolín
Castro Urdiales ·
El titular del Juzgado de lo Contencioso Número 2 reitera la «mala fe» del Ayuntamiento y su «anormal funcionamiento» por dilatar lo máximo posible la tramitación del expediente «sin justificación alguna»
El titular del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, ha emitido este martes una providencia en la que apercibe a la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán (PSOE), de que si no se repite antes del lunes, 4 de ... mayo, el pleno en el que se tumbó el Convenio de Conservas Lolín «por fraude de ley», «habrá incurrido en un delito de desobediencia judicial y se deducirá el correspondiente testimonio». A esta advertencia, el magistrado añade que, en caso de no cumplirse su mandato, por cada día de retraso a partir del 4 de mayo se impondrá una multa coercitiva de 1.000 euros día a cargo del patrimonio personal de la regidora.
El juez Acayro –que indica que el plazo para recurrir esta providencia comenzará una vez que se deje sin efecto el estado de alarma– hace referencia a un escrito presentado el lunes por el Ayuntamiento «en el que se aprecia que se sigue retrasando voluntariamente el cumplimiento del auto de 6 de marzo (en el que daba cinco días hábiles para repetir el citado pleno)».
El magistrado apunta que ese plazo de cinco días «ya fue consumido en su momento sin motivo alguno, ya que se pudo y debió cumplir antes del 13 de marzo. Es decir, antes de que se decretara el estado de alarma». Asimismo, recuerda que una reforma legislativa permite seguir celebrando plenos con todas las garantías y sin riesgo alguno desde el 2 de abril y «el Ayuntamiento ha podido disponer de la tecnología necesaria para llevarlo a efecto, como mínimo, desde entonces». No obstante, «el Consistorio se ha limitado a comunicar el 16 de abril que iba a empezar a pedir ofertas y el 27 que ha decidido hacer un contrato menor sin concretar fecha». «Desde hace meses busca dilatar lo máximo posible la tramitación del expediente sin justificación. Es evidente la mala fe del Ayuntamiento y su anormal funcionamiento».
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