La juez pide a la sospechosa del crimen de Castro que demuestre que es titular del piso donde vivía

En una providencia a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, la instructora ratifica la decisión de su antecesor de entregar las llaves de la vivienda situada en la calle Padre Basabe 12, a los hijos del fallecido, que al parecer era el propietario de dicho inmueble.

Respecto de los enseres personales de la investigada, Carmen Merino, la juez requiere a su representante procesal para que aporte «titularidad del inmueble» y «un listado detallado de sus enseres personales que desea recuperar, y en su caso, a que persona autoriza para retirarlos en su nombre».

Esta resolución, que será recurrida por parte del letrado de Merino-tiene previsto acreditar que su cliente estaba allí empadronada al igual que su novio Jesús Mari- se ha producido apenas una semana después de que el abogado de la investigada denunciara que el Juzgado había desposeído a su cliente, «sin motivo alguno», de su domicilio y todas sus pertenencias, entregando las llaves del inmueble a los hijos del fallecido. El letrado de Merino solicitó la rectificación del «error» cometido por el juez «en la indebida puesta a disposición del inmueble a personas sin título ni autorización» y que procediera a la puesta a disposición de la vivienda a la investigada en su condición de titular del domicilio y residente moradora hasta su ingreso en prisión provisional. Asimismo, requería que se le comunicara a una hija de Jesús Mari la prohibición de entrada en el domicilio y la entrega en el Juzgado de las llaves del inmueble, «con los apercibimientos legales oportunos, puesto que la entrada en el inmueble puede constituir un delito de allanamiento de morada y/o un delito contra la administración de Justicia».

La defensa de Merino señalaba que por providencia de 14 de julio se procedió al desprecinto del domicilio en el que convivía la pareja, indicándose en dicha resolución que se encontraban a disposición de los interesados tres juegos de llaves que se encontraban depositados en los Juzgados. El problema surgió cuando el pasado 11 de septiembre, la hermana de Carmen Merino, de acuerdo con una comunicación realizada al Juzgado, se personó en el domicilio para recoger enseres personales, ropa y demás cosas de la investigada, así como comprobar y revisar el estado de la vivienda, «y cual ha sido su sorpresa al encontrarse con que la cerradura del domicilio había sido cambiada, sin saber por parte de quien».

Ante esta reclamación, el fiscal del caso consideró que, aunque no es objeto del presente procedimiento resolver cuestiones civiles relativas al uso o titularidad de dicha vivienda, «debe ser regularizada la posibilidad de la investigada y los familiares del señor Baranda de retirar enseres personales, dado que en la vivienda residían ambos durante su relación de pareja». Dicho esto, el fiscal, que requirió a las partes que justifiquen la titularidad de la vivienda, no considera que haya existido ningún error judicial a la hora de facilitar una copia de las llaves a la hija del fallecido ya que en la vivienda había enseres del finado.