La jueza cita a las partes para poner fecha al juicio del 'caso Proconor' de Castro

Se trata de otro de los cuatro asuntos pendientes de enjuiciar de la veintena que abrió el juez Luis Acayro Sánchez durante su etapa como decano y titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro.

Hay que recordar que esta causa afecta el desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución 1.26, ubicada junto al polideportivo Pachi Torre donde se construyó un edificio de 51 viviendas que según el Ministerio Fiscal debe ser derribado.

El pasado 31 de mayo, la magistrada Rosa María Gutiérrez emitió una providencia en la que acordaba la devolución de las actuaciones al Juzgado Instructor de Castro para subsanar el defecto procesal apreciado por no haber traslado al Ayuntamiento de Castro Urdiales la responsabilidad civil subsidiaria que reclaman las acusaciones en el caso, lo que supone dar audiencia al Consistorio castreño para que presente escrito de defensa. De esta forma, la magistrada quería evitar, como ya ha ocurrido en otros casos procedentes del Juzgado Número 2 de Castro, que el juicio tuviera que suspenderse por «indefensión» de alguna de las partes.

Tras recibir esta providencia, la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro, Irene Rodríguez del Nozal, propuso a las partes «la anulación del auto de apertura de juicio oral de 2013 y la emisión de uno nuevo en el que se incluya al Ayuntamiento de Castro como responsable civil subsidiario. La magistrada requirió tanto al Consistorio como a los veinte acusados (de los 23 iniciales dos fueron absueltos por la Audiencia y otro falleció en 2016) para que depositaran una fianza de 537.529 euros para asegurar sus responsabilidades pecuniarias. Además, la jueza recordaba también que la Fiscalía solicitó, además de un año de cárcel para el exalcalde Fernando Murugura, la demolición de la edificación.

De su lado, las acusaciones particulares, Caixabank y BBVA, manifestaron que reclamaban responsabilidad civil pero que la cuantía debía fijarse en el juicio oral. Posteriormente, Caixabank concretó el importe de la responsabilidad civil exigible al Ayuntamiento de Castro Urdiales de forma subsidiaria en 4.483.297 euros.

Junto a esta causa y la de La Loma, cuyo juicio arrancará el próximo 1 de octubre y se prevé que pueda prolongarse durante seis mes (el último día se ha fijado el 30 de marzo de 2020), hay otros dos asuntos pendientes de resolver que están ahora en manos de la Audiencia Provincial, que deberá dilucidar los recursos de apelación presentados por algunos de los acusados.

Se trata del 'caso APD-2 de Cotolino', en el que están imputadas 12 personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística. En su auto de procedimiento abreviado, el juez Acayro sostenía que se han concedido hasta 54 nuevas licencias de obras y otras 11 de primera ocupación, «sin que se haya finalizado la urbanización, ni se haya recibido el depósito de suministro de agua potable, ni se hayan recibido la totalidad de las cesiones de suelo público obligatorias».

El otro caso pendiente es el de los 'sobresueldos', en el que están imputados los exalcalde de Castro Rufino Díaz Helguera, Fernando Muguruza e Iván González, junto a otras once personas, entre expolíticos y funcionarios.

El instructor consideró que el Ayuntamiento de Castro «se ha gestionado en un contexto generalizado, manifiesto y prolongado de graves ilegalidades en materia de contratación de personal, así como en el abono de complementos retributivos que son inexistentes en la legislación de función pública, o sin cumplirse los requisitos legales para su abono o, incluso, cantidades superiores a las previstas en determinados contratos de personal laboral sin justificación alguna».