La jueza pide una fianza de 537.529 euros al Ayuntamiento de Castro en el 'caso Proconor'

Mientras la Audiencia Provincial pone fecha al macrojuicio del 'caso La Loma' (hay 46 acusados) y resuelve los recursos de apelación presentados por los investigados en los casos del 'APD-2 de Cotolino' y el de los 'sobresueldos', en los últimos días ha habido novedades con el cuarto asunto pendiente de juicio, el conocido como 'caso Proconor', que afecta el desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución 1.26, ubicada junto al polideportivo Pachi Torre, donde se construyó un edificio de 51 viviendas que se paralizó en 2010. Según ha podido saber este periódico, la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales, Irene Rodríguez del Nozal, ha emitido un auto con fecha 1 de octubre, en el que declara la nulidad de actuaciones con retroacción de las mismas al momento inmediatamente anterior al dictado de auto de apertura de juicio oral, con el fin de incluir al Ayuntamiento de Castro como responsable civil subsidiario, «si bien la nulidad no afectará a los actos sucesivos que fueren independientes de aquel ni la de aquellos cuyo contenido hubiese permanecido invariable aun sin haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad».

Hay que recordar que la magistrada del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander, Rosa María Gutiérrez, encargada de enjuiciar este asunto al igual que ha hecho con el 'caso Santa Catalina', devolvió las actuaciones a su compañera de Castro al detectar un «defecto procesal» por no haber traslado al Ayuntamiento castreño la responsabilidad civil subsidiaria que reclaman las acusaciones en el caso, lo que supone dar audiencia al Consistorio para que presente escrito de defensa, un trámite que tendrá que cumplir ahora –también deberá designar abogado y procurador– una vez dictada la apertura de juicio oral. A partir de ahí, el caso volverá a Santander para que el Juzgado de los Penal Número 3 señale el juicio.

Además, la magistrada castreña requiere tanto al Ayuntamiento de Castro como a los veinte acusados (de los 23 iniciales dos fueron absueltos por la Audiencia y otro falleció en 2016) para que depositen una fianza de 537.529 euros para asegurar sus responsabilidades pecuniarias.

La jueza recuerda también que la Fiscalía solicitó que, en concepto de responsabilidad civil, se acordase la nulidad de las resoluciones de fechas 19 de julio de 2002, 11 de abril de 2006, 18 de abril de 2006, 7 de julio de 2006 y 24 de mayo de 2006, y la demolición de la edificación construida al amparo de este último decreto. Respecto a la acusación popular (La Unión), Rodríguez del Nozal dice que no interesó cuantía alguna en concepto de responsabilidad civil. No obstante, hay que recordar que hace un año La Unión anunció que se retiraba de los procesos judiciales relacionados con la corrupción urbanística, en los que actuaba como acusación popular.

De su lado, las acusaciones particulares, Caixabank y BBVA, manifestaron que reclamaban responsabilidad civil pero que la cuantía debía fijarse en el juicio oral. Posteriormente, el 3 de marzo de 2018, Caixabank concretó el importe de la responsabilidad civil exigible al Ayuntamiento de Castro de forma subsidiaria en 4.483.297 euros.