El juicio de La Loma de Castro fiscalizará el desarrollo urbanístico de Santullán

Este martes, 19 de noviembre, se prevé que finalicen las cuestiones previas con la intervención de parte de las defensas, y de la fiscal y la acusación particular que ejerce en este caso la Junta Vecinal de Santullán. Posteriormente, la Sala emitirá dos autos: uno en el que resolverá las cuestiones previas y otro sobre la prueba a practicar (declaraciones de testigos y peritos). Ambos se notificarán a las partes antes del comienzo efectivo del juicio, señalado, en principio, a partir del lunes, 25 de noviembre, momento en el que empezarán a declarar los encausados (13 si la acusación particular siguen en el juicio o 6 en caso de que la Audiencia decida aceptar la petición de las defensas y aparte a la Junta de Santullán del caso).

A la espera de la celebración de la sesión del martes y la emisión de dichos autos, es importante señalar que el objeto de investigación del juicio ha variado sustancialmente después del cambio de criterio del Ministerio Fiscal. Si en un principio estaba previsto que se juzgara el desarrollo urbanístico de La Loma (todo lo construido en los Suelos Urbanizables No Programados, los SUNP 3,4 y 7) y el de la Urbanización Residencial San Pelayo (SUNP-12), ahora únicamente se abordará todo lo que tenga que ver con la zona que afecta a la pedanía de Santullán, razón por la que la única acusación particular que permanece en la causa es la de Junta Vecinal.

Como se recordará, la fiscal del caso, Pilar Santamaría, retiró la acusación a 32 de las 45 tras anunciar su decisión de «contraer» el objeto del proceso en base al «acontecimiento de hechos ocurridos con posterioridad a la formulación del escrito de acusación provisional (2012) y muy fundamentalmente a la intención manifestada por los particulares afectados (los vecinos de La Loma) de apartarse del presente procedimiento penal manifestando que su principal interés fue siempre la no demolición de sus viviendas».

Según apuntó la fiscal, esta «novedosa circunstancia» hace que valore los hechos, también teniendo en cuenta los certificados remitidos por el Ayuntamiento de Castro en los que se da cuenta de la situación material de varios de los sectores de la causa, en concreto el Sector 2 del SUNP-3, SUNP-4 y SUNP-7), «que no han sido desarrollados y no han sufrido una variación material y no se ha producido un menoscabo alguno de la ordenación del territorio, así como la situación actual de desarrollo del sector 1 del SUNP-3 y del SUNP-12».

Ante esta situación, Santamaría anunció que se sustraía del escrito de acusación todo lo relativo a estas zonas de Castro, «contrayendo» la causa a los instrumentos urbanísticos relativos al SUNP-12 en lo que hace referencia al informe vinculante de Carreteras y «la posible manipulación». «Es decir, no se va a fundamentar la nulidad del Plan Parcial del SUNP-12 en otras razones que no sean el informe vinculante de las actuaciones».

Para referirse al desarrollo urbanístico de esa zona de Castro Urdiales hay que remontarse al año 2003, aunque no es hasta 2007 cuando se desata la polémica tras hacerse pública una denuncia de la Junta Vecinal de Santullán. En aquella época, Santullán a penas contaba con una población de unos mil habitantes, pero esta cifra se preveía que se duplicara cuando estuviera concluida la urbanización Residencial San Pelayo, que promovía y construía entonces la empresa Sacyr Vallehermoso. El proyecto contemplaba la ejecución de unos 240 chalés, de los que 46 ya habían comenzado a construirse, así como los viales públicos y las zonas verdes de la futura urbanización. Pero este proyecto no contaba con el beneplácito de todos. Existía un debate abierto en la pedanía entre los pros y los contras que podía suponer una construcción de estas características. La polémica suscitó tanto debate y discusión que finalmente el asunto acabó en los tribunales. La Junta Vecinal de Santullán, presidida por Julián Revuelta, (entonces en el PSOE y ahora en el PRC) interpuso denuncias contra la empresa constructora, contra el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza (PRC), y contra el concejal de Obras del Ayuntamiento, Salvador Hierro (IU).

La primera denuncia, que se interpuso el 19 junio de 2006, se basaba en que la empresa constructora ocupó alrededor de 3.000 metros cuadrados de suelo rústico contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana y pertenecientes a la junta vecinal. «La empresa constructora cerró los caminos, los lindes y la vía del ferrocarril con vallas. La gente se quejó porque no se puede pasar y se puso la denuncia en la Guardia Civil», señaló entonces el pedáneo Revuelta.

La Junta Vecinal de Santullán decidió ampliar la denuncia incluyendo en la misma a Muguruza y Hierro, por un presunto delito de prevaricación. «Les hemos denunciado porque nos están coaccionando para que les demos luz y agua, y porque no hacen nada, ni tan siquiera para deslindar los terrenos. Hay un claro ejemplo de prevaricación por omisión, porque el alcalde y el concejal de Obras no han hecho nada», apuntó el presidente de la pedanía.

Ante estas denuncias, la empresa constructora, que acusó al pedáneo de intentar «boicotear» el proyecto, aseguró que adquirieron los terrenos una vez que finalizaron todos los trámites urbanísticos. «Los terrenos se adquirieron con la licencia perfectamente reglada». De su lado, Muguruza afirmó que «esto es un tema técnico y yo lo que hago es someterme a los técnicos municipales. Son ellos los que toman las decisiones y los que opinan sobre el fondo del asunto».

En noviembre de 2006, según señala la fiscal en su escrito de acusación, «advertido por la Dirección General de Carreteras de que 11 chalés se habían construido en la zona de protección del vial autonómico proyectado, y en la que Carreteras conocía como de equipamiento, el Ayuntamiento acordó la paralización de las obras, siendo notificada dicha resolución y haciendo los promotores caso omiso a dicha resolución, continuando la construcción en la zona de servidumbre del futuro vial autonómico, sin que el Ayuntamiento adoptara medida alguna para garantizar el cumplimiento de lo acordado».

Meses después de desatarse esta polémica, salió a la luz la investigación que el juez Acayro estaba llevando a cabo en el Ayuntamiento castreño, que derivó en la apertura de más de una veintena de causas, entre las que se encontraba esta de Santullán, que, posteriormente, se encuadró dentro de las que afectaban a La Loma, al ser dos zonas conectadas.

Con estos antecedentes, y tras mantener la acusación frente a seis personas, en concepto de responsabilidad civil, la fiscal entiende que procede declarar la nulidad del Plan Parcial del SUNP-12, del Proyecto de Compensación, del Proyecto de Urbanización del SUNP-12 y de las licencias de obras concedida en el SUNP-12, y la demolición de las viviendas construidas al amparo de ellas (46), y en particular de las edificaciones construidas sobre zona de servidumbre del futuro vial autonómico y de las viviendas y muro construido sobre zona de servidumbre de la autovía debiendo sufragar los gastos de demolición César Saiz, Fernando Muguruza y Valentín Galdós. Señala también que debe declararse la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro. Por contra, el Consistorio castreño, defiende que la aprobación del Plan Parcial, el Proyecto de Compensación, el Proyecto de Urbanización y las licencias urbanísticas se produjeron «cumpliendo todos los trámites procedimentales preceptivos», razón por la que discrepa con las tesis tanto de la Fiscalía como de la Junta de Santullán, que también solicita 204.094 euros por haberse destruido unos caminos.