El juicio de La Loma queda visto para sentencia tras cinco meses de sesiones

En la última sesión del juicio, a la que la sala, presidida por el magistrado Agustín Alonso, ha citado a los 45 acusados iniciales, han ejercido su derecho a la última palabra varios de los imputados, entre ellos el exalcalde Rufino Díaz Helguera; el exsecretario municipal César Saiz; y el exmiembro de la Junta de Gobierno Local, Salvador Hierro. No lo ha hecho, sin embargo, el exalcalde Fernando Muguruza.

Según recuerda Europa Press, la fiscal, Pilar Santamaría, retiró los cargos a 39 de los acusados al principio del juicio, cuando decidió adelgazar la macrocausa instruida por el juez Luis Acayro Sánchez, sacar de la misma los SUNP 3, 4 y 7, y dejar únicamente el 12 y a seis acusados, entre ellos Muguruza y Díaz Helguera, a los que también redujo las peticiones de pena respecto al escrito de acusación inicial del año 2012, que presentó la fiscal María Jesús Cañada. Esto propició la retirada de todas las acusaciones particulares salvo la Junta Vecinal de Santullán, que reformuló su acusación y la dirigió contra 11 acusados.

La fiscal puntualizó que la decisión de «contraer» la acusación, «consensuada» con todas las acusaciones, se fundamentó, por un lado, en la intención manifestada por los particulares afectados de apartarse del procedimiento penal dado que «su principal interés es la no demolición de sus viviendas«.

Y por otro lado, en los certificados del secretario del Ayuntamiento, emitidos en septiembre, un mes antes del juicio, que reflejan que los sectores de suelo urbanizable no programado (SUNP) 3, 4 y 7 no han sido desarrollados, por lo que no se ha producido «menoscabo alguno».

Estos certificados han sido motivo de polémica porque según denunció la Junta Vecinal de Santullán, no estaban incorporados a la causa. De hecho se han unido a la misma la semana pasada, no a petición del Ayuntamiento sino de una de las defensas.

La macrocausa de La Loma, con un volumen de 97 tomos, 61 anexos y 57.546 folios, llegó a la Audiencia con 45 acusados para los que la Fiscalía solicitaba cerca de 200 años de cárcel.

Tras cinco meses de juicio, la fiscal confirmó la semana pasada los cargos que formuló en octubre contra seis de los 45 acusados iniciales, por delitos de cohecho, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad documental.

La Fiscalía atribuye al exalcalde Muguruza un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, por el que solicita diez años de inhabilitación y dos de prisión. Para Díaz Helguera pide por su parte cuatro años de prisión, diez de inhabilitación y multa de 149.000 euros por un delito continuado de cohecho.

Para el exsecretario municipal, César Saiz, pide siete años de prisión, veinte de inhabilitación y multa de 1,1 millones de euros por prevaricación, falsedad documental y un delito continuado de cohecho; y para la asesora jurídica del servicio de disciplina urbanística del Ayuntamiento, Yolanda Sánchez, cuatro años de cárcel, 442.300 euros de multa e inhabilitación de diez años por un delito continuado de cohecho.

Finalmente, la Fiscalía pide cinco años de cárcel, y multa de 39.000 euros para el promotor inmobiliario Valentín Galdós Tobalina, por falsedad documental y cohecho; y para el exarquitecto municipal Pedro Restegui, cuatro años de cárcel, multa de 1,8 millones de euros y diez años de inhabilitación por cohecho continuado.

A diferencia de la Fiscalía, la Junta Vecinal de Santullán no ha formulado cargos contra el exalcalde Díaz Helguera, pero también acusa a otros cinco acusados del Ministerio Público: Muguruza, Restegui, Yolanda Sánchez, César Saiz y Valentín Galdós Tobalina.

Además, ha formulado cargos contra siete miembros de la Junta de Gobierno Local presidida por Muguruza en la legislatura 2003-2007: José Miguel Rodríguez López 'KyK', Concepción Carranza, Jaime Díez Muro, Salvador Hierro, Santiago Vélez y Tomás Molinero.

Tanto la Fiscalía como la Junta Vecinal de Santullán piden la nulidad del plan parcial del SUNP-12, así como del proyecto de urbanización, el de compensación y las licencias de los 46 chaléts construidos al amparo de esos instrumentos por Vallehermoso -ahora propiedad de Altamira Santander Real Estate-, así como su demolición -Santullán únicamente las 11 construidas en zona de servidumbre del futuro vial autonómico y de la autovía A-8-.

La Junta Vecinal, que reclama para sí una indemnización de 144.000 euros por la ocupación de caminos de su propiedad, no pide la responsabilidad civil solidaria del Ayuntamiento, que sí solicitan tanto la Fiscalía como Altamira Santander Real Estate, titular de las 46 viviendas.

Altamira reclama al Ayuntamiento de Castro, como responsable civil subsidiario, una indemnización de 1,65 millones de euros si se declara la nulidad de la licencia de edificación de las viviendas construidas hasta la fecha; 31,1 millones si se declara la nulidad del plan parcial y los proyectos de urbanización y de compensación; y 24,5 millones si se da este último supuesto pero la mercantil mantiene la titularidad de las fincas de aportación.