Arranca el juicio del 'caso Proconor' de Castro con 20 encausados

Hoy la titular del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander, Rosa María Gutiérrez, preside el juicio que se celebra en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia y que continuará los días 28, 29 y 31, para retomarse los días 4, 6, 7 y 19 de junio. La intención de la magistrada es que la sesiones sean de mañana, aunque también alguna podría continuar por la tarde como ocurrió con el 'caso Santa Catalina'. Y es que la magistrada Gutiérrez fue la encargada, hace dos años, de ese otro caso de Castro en el que hay (a la espera de que la Audiencia resuelva los recursos de apelación) nueve condenados por la pérdida de 416 metros cuadrados en la zona situada entre el colegio Arturo Dúo y el polideportivo Pachi Torre destinados a equipamiento público.

La zona investigada en el 'caso Proconor' está a escasos metros de la de 'Santa Catalina'. Según el instructor del caso, «se ha reducido el equipamiento público en cerca de 600 metros cuadrados y con ello la continuidad espacial y funcional del conjunto de la superficie prevista en el Plan General (PGOU)». Acayro señaló que en el desarrollo de la unidad de ejecución 1.26, donde se levantan las 51 viviendas de Proconor, «se ha vulnerado de manera flagrante la legalidad urbanística, ya que se emitieron hasta cinco informes negativos de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) y otros ocho de los servicios técnicos y jurídicos municipales.

Ante estos hechos, la Fiscalía, que pide la demolición del edificio de 51 viviendas (muchas de ellas habitadas) por invadir suelo que debió destinarse a equipamiento deportivo, solicitó en su escrito de acusación (de 2012) un año de cárcel y diecisiete de inhabilitación para el exalcalde de Castro, Fernando Muguruza, y para la ingeniera municipal, Mari Carmen Villanueva, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística. El Ministerio Público justifica su petición asegurando que fue el exalcalde de Castro el que concedió la licencia de obras a Proconor y aprobó el estudio de detalle y los proyectos de reparcelación y urbanización, «a pesar de ser consciente de estar incumpliendo la normativa aplicable, al no haberse realizado las cesiones previstas por ley y no ampararse en un instrumento de planeamiento conforme a derecho». Respecto a la ingeniera municipal, la fiscal dice que emitió informe favorable de la licencia de construcción, «a sabiendas de la vulneración de la norma». Los otros 18 acusados en este procedimiento se enfrentan a penas de inhabilitación para empleo o cargo público.

El pasado 31 de mayo de 2018, la magistrada Rosa María Gutiérrez emitió una providencia en la que acordaba la devolución de las actuaciones al Juzgado de Castro para subsanar el defecto procesal apreciado por no haber traslado al Ayuntamiento de Castro la responsabilidad civil subsidiaria que reclaman las acusaciones en el caso. Tras recibir esta providencia, el Juzgado castreño propuso a las partes «la anulación del auto de apertura de juicio oral de 2013 y la emisión de uno nuevo en el que se incluya al Ayuntamiento de Castro como responsable civil subsidiario». La instructora requirió tanto al Consistorio como a los 20 acusados (de los 24 iniciales dos fueron absueltos por la Audiencia y dos han fallecido) para que depositaran una fianza de 537.529 euros para asegurar sus responsabilidades pecuniarias. De su lado, las acusaciones particulares, Caixabank y BBVA, manifestaron que reclamaban responsabilidad civil pero que la cuantía debía fijarse en el juicio. Después, Caixabank concretó el importe de la responsabilidad civil exigible al Ayuntamiento de forma subsidiaria en 4.483.297 euros.