El Juzgado de Castro archiva uno de los dos casos pendientes impulsados por el juez Acayro Sánchez

Los imputados recurrieron su imputación en 2015 y, en 2020, la Audiencia Provincial les dio la razón al entender que el instructor «vulneró el derecho de defensa» de uno de los investigados por lo que acordó retrotraer la causa al momento previo a la declaración de este investigado.

Ahora, dos años y medio después, la magistrada Bolado considera que «no resulta justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa». ¿Por qué? «Porque en la actualidad toda la gestión urbanística del sector APD-2 se encuentra finalizada. Las discrepancias de metros cuadrados corresponden a la no inclusión de la zona de dominio público marítimo terrestre en el cómputo total del Plan Especial, pero sí incluida en el PGOU, y a la invasión de la parcela del instituto por parte del edificio Siboney. Pero la cesión se realizó correctamente, según informe del Ayuntamiento, y el instituto se ha construido sin problemas aparentes, no existiendo perjuicio público». Respecto a la construcción de depósito de agua, sostiene que la Audiencia ya descartó un «ilícito penal» y dos testigos han declarado que el APD-2 «siempre ha estado abastecido de agua».