El Juzgado reduce a 9.000 euros la multa a Castro Urdiales por lanzar fuegos sin permiso en el Coso Blanco de 2023

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander ha reducido de 30.000 a 9.000 euros la sanción impuesta por Delegación del Gobierno en Cantabria al Ayuntamiento de Castro Urdiales por lanzar el año pasado los fuegos artificiales del Coso Blanco sin autorización. La multa queda así en 4.500 euros por la reducción a la mitad por pronto pago, ya que el Ayuntamiento ya había abonado en su momento los 15.000 correspondientes (la mitad de la cantidad incial) por utilizar esta modalidad de pagar en los primeros días tras la sanción. Ahora, la Delegación deberá devolver al Consistorio la diferencia respecto la multa inicial, es decir, 10.500 euros.

La jueza ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por el Ayuntamiento, que defendía que se había vulnerado el principio de proporcionalidad al haberse impuesto la máxima sanción posible, y ha anulado y revocado la sanción inicial de 30.000 euros impuesta hace ahora un año.

En la sentencia con fecha de 17 de julio, difundida por el Consistorio castrense, la jueza impone la sanción en grado mínimo ya que explica que no concurre ninguna de las circunstancias que la ley contempla para hacerlo en grado medio -reincidencia; violencia, amenaza o intimidación; ejecución de los hechos cubriéndose el rostro e impidiendo la identificación del infractor o uso de menores de edad-. Eso sí, estima parcialmente la demanda del Consistorio porque entiende que «ha existido intencionalidad en la comisión de la infracción, y obviamente la capacidad económica del infractor es muy superior a la de un particular», de modo que ve justificado imponer una multa de 9.000 euros.

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha trasladado en un comunicado que con este fallo ve satisfecha su reclamación, ya que «ve reconocida la falta de proporcionalidad con la que actúo la Delegación del Gobierno en Cantabria» al ponerle una multa de 30.000 euros.

«Creo que se ha hecho justicia dando la razón a los criterios que defendíamos como Ayuntamiento. Los servicios jurídicos nos indicaban que teníamos razón pero al final nos empujaron a llevarlo a los tribunales», ha señalado el concejal de Festejos, Gorka Linaza.

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