Los juzgados cántabros tramitan las primeras denuncias de los afectados por la estafa del ascensor

Una de las comunidades afectadas en Santoña ratificó ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de la villa la demanda penal formulada contra la empresa asturiana. El juez tomó declaración a la presidenta de la comunidad y ha fechado para el 29 de enero la vista con el gerente con el fin de conocer su versión de los hechos. No obstante, el investigado se encuentra en paradero desconocido. Todos los afectados han intentado ponerse en contacto con él tras haber dejado los trabajos inconclusos, pero les ha resultado imposible.

Se espera que en los próximos meses una cascada de denuncias sean admitidas a trámite en diferentes tribunales de Cantabria con la intención de exigir responsabilidades a GrandAstur. Otra comunidad perjudicada de Castro Urdiales también ratificará su demanda en una vista previa en el juzgado de este municipio el próximo 13 de febrero, y al día siguiente, se ha fijado la fecha también para escuchar el investigado. Como cada finca presenta una situación particular -algunas tienen todo el portal levantado, en otras el ascensor se ha instalado pero no funciona, y las hay que solo están pendientes de retoques- y cada una ha interpuesto su propia reclamación judicial.

Prácticamente la totalidad de las demandas se han presentado por la vía penal por un delito de estafa y de apropiación indebida, al haber tenido conocimiento de que GrandAstur ha entrado en concurso de acreedores al declararse en quiebra económica. «Vemos muy difícil recuperar el dinero, lo que vamos a intentar es que este señor pague con la cárcel», sostiene José Manuel Marta, vecino afectado de Castro Urdiales. Su portal, describe, lo han dejado «destrozado». «Peldaños rotos, el hueco del ascensor abierto, no hay barandillas..., las personas mayores tienen que bajar con mucho cuidado porque es muy peligroso». Su comunidad llegó a abonar el 80% de una obra presupuestada en 100.000 euros. «Nos sentimos engañados y atrapados», denuncia. La finca está ya haciendo gestiones para intentar que otra empresa retome las obras, ya que «no podemos estar así».

En Cantabria hay más de una veintena de comunidades afectadas por esta estafa en Castro Urdiales, Laredo, Santander, Santoña, Colindres, Noja, Ajo, Reinosa y Puente Viesgo.