La Loma de Castro, doce años después

Entonces los vecinos denunciaron una serie de deficiencias en sus viviendas y urbanizaciones relacionados con problemas de abastecimiento y salubridad del agua, falta de alumbrado eléctrico y trabajos inacabados de urbanización, entre otros. Estas fueron algunas de las razones que les llevaron a denunciar a los constructores al considerar que habían sido estafados.

Pero, doce años después, la situación de La Loma ha cambiado, fundamentalmente por la intervención del Ayuntamiento de Castro Urdiales, que en los últimos años ha llevado a cabo una serie de actuaciones para regularizar esta conflictiva zona de Castro. Eso sí, aún quedan actuaciones pendientes, como la construcción del depósito del Monte Cueto, cuyas obras han sido adjudicadas por 1,7 millones de euros y están a punto de comenzar, y otras obras de urbanización.

Según ha podido saber este periódico, el Ayuntamiento tiene previsto presentar una serie de documentación a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, encargada de enjuiciar el caso, en la que detalla todas las actuaciones que ha llevado a cabo durante estos años en La Loma. Como el Expediente de Modificación Puntual Nº22 del Plan General de Ordenación Urbana de Castro Urdiales relativo al reparto de costes del depósito del Monte Cueto y expediente de contratación de la obra o los expedientes de urbanización de los polígonos 1 y 2, sector 1 del SUNP-3, en lo que afecta la urbanización de las viviendas de esa zona, para lo que el Consistorio ejecutó varios avales a cuatro promotoras que están acusadas. Asimismo, ha presentado el expediente de modificación número 1 del Plan Parcial de Sunp-12, donde se levanta la urbanización de Vallehermoso, un informe de la situación actual del Sunp-7 de Mioño (otra zona que está en la causa) y una serie de sentencias dictadas en procedimientos contencioso-administrativos.

Como ya publicó este periódico el pasado jueves, todas las actuaciones de regularización de La Loma, en otras razones, han llevado a los vecinos de esta zona de Castro Urdiales, unos 150, que están representados por letrados diferentes, a retirar su acusación contra los once constructores implicados. Es decir, Vicente Santamaría (Bifamiliares y Adosados Castreños), José Luis Martínez Parra (Teconsa y Proinsa), Juan Ramón López Revuelta (concejal de Laredo), Javier Sáinz Artiach, Luis María Oteo Orive y Luis Carlos Pérez Ibáñez (Norsur), Daniel Colina y Juan Javier Nardoni (Altos de Otañes), Jacobo Gumersindo Puente (Castros 16 y Condominios del Norte), Ángel Santamaría y José Antonio Quindós (Quinorsa).

Esto supone que solo el Ministerio Fiscal es ahora quien acusa a todos estos promotores, aunque la fiscal que ahora lleva el caso, Pilar Santamaría, estaría estudiando la posibilidad de adherirse a la decisión de los vecinos, extremo ella mismo no ha querido confirmar, con lo que habrá que esperar a la celebración del juicio para conocer su decisión.