La Loma, un macrojuicio salpicado por la polémica

Una acusación pública que se «contrae» rebajando su lista de 45 a seis encausados, un policía judicial que denuncia a la fiscal por conflicto de intereses por su amistad con uno de los acusados, unos documentos que no aparecen en la causa hasta el último momento y por lo que se pide la nulidad parcial del proceso, una acusada que dice que el juez la imputó porque se negó a hacer una pericial, otro al que le hicieron una redada y le intervinieron el teléfono y alertó de que «todo Dios habrá limpiado los fajos»... El macrojuicio de La Loma de Castro, un pleito urbanístico sin precedentes en Cantabria por su volumen (97 tomos, 61 anexos y 57.546 folios) y que ha quedado visto para sentencia el pasado jueves, ha dado para mucho durante los cinco meses en los que se han celebrado más de cuarenta sesiones.

Este procedimiento nada ha tenido que ver con los anteriores que también fueron instruidos por el juez Acayro durante su etapa en los Juzgados de Castro, donde en 2007 abrió un amplia investigación que dio lugar a una veintena de casos, no solo en el Ayuntamiento de este municipio sino en algunas de sus pedanías.

Después de que nueve de esos casos acabaran con diversas condenas para exalcaldes y exconcejales -algunas de cárcel aunque solo llegó a entrar en ella el expedáneo de Sámano, Javier Eguren, y el exalcalde Fernando Muguruza y la exedil Elisa Dopico por unos días- todas las miradas estaban puestas en el caso de La Loma por la elevada lista de acusados y porque venía avalado tanto por la Sección Primera de la Audiencia como por la Fiscalía, que antes del juicio reclamaba hasta 200 años de prisión para los 45 encausados.

De ahí que muchos hicieran referencia a este caso como el mayor caso de corrupción de Castro. Pero todo esto se redujo a la mínima expresión cuando la nueva fiscal del caso, Pilar Santamaría, que había representado al Ministerio Público en otros casos de Castro, anunció que retiraba los cargos a 39 de los 45 imputados, dejando únicamente en el procedimiento a los dos exalcaldes de Castro, Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, además de al exsecretario municipal César Saiz, el exarquitecto municipal Pedro Restegui, la técnico municipal Yolanda Sánchez y el promotor, Valentín Galdós. A Muguruza le pide dos años de cárcel; a Restegui, Sánchez y Díaz Helguera, cuatro por cohecho; a Galdós, cinco por cohecho y falsedad de documento, y al exsecretario, siete por falsedad documental, prevaricación y cohecho.

La inesperada (para algunos) decisión de Santamaría fue fruto, según argumentó, de la retirada de la acusación de los vecinos afectados en La Loma («que ya no se sentían estafados y su principal interés es la no demolición de sus viviendas») y la presentación por parte del Ayuntamiento de Castro de una serie de documentación que certifica todas las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años para regularizar la situación urbanística de la zona, así como que algunos de los suelos urbanizables no programados que se encuadraban en la causa (SUNP-3, SUNP-4 y SUNP-7) no habían sido desarrollados, con lo que se descartaba un delito contra la ordenación del territorio.

Así las cosas, el juicio únicamente se centraría en determinar si se ha cometido alguna irregularidad en la zona del SUNP-12 de Santullán, donde Sacyr Vallehermoso construyó 46 chalés, que, a juicio de la fiscal, deben ser derribados, además de anularse los instrumentos urbanísticos que dieron lugar a ellos.

Adelgazado el procedimiento de forma considerable por la fiscal, a las defensas de los acusados sólo les quedaba apartar del juicio a la única acusación particular que quedaba, la Junta Vecinal de Santullán, que, con su denuncia en 2007, dio lugar a este caso y que mantuvo su acusación para once personas, cuatro coincidentes con la Fiscalía (Muguruza, Restegui, Saiz y Galdós) y los exediles de la Junta de Gobierno de 2003-2007 (Rodríguez López, Carranza, Díez Muro, Hierro, Vélez y Molinero), además de la ingeniera municipal Carmen Villanueva.

Pero la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, encargada de enjuiciar este caso, rechazó esta pretensión al considerar que la pedanía estaba legitimada para defender sus intereses en el juicio. Esta decisión no sentó nada bien tanto a la fiscal como a las defensas, que durante los cinco meses del juicio han intentado desacreditar a la junta vecinal.

Como ejemplo, se puede tomar la comparecencia como testigo del alcalde pedáneo de Santullán, Julián Revuelta, que ha sido la más larga de todas las que ha habido durante la vista oral y en la que todas las partes intentaron dejarle en mal lugar y poner en cuestión los motivos que llevaron a iniciar un procedimiento que se ha juzgado después de doce años.

Pero la polémica no solo ha girado en torno a la Junta de Santullán, también la fiscal del caso ha sido puesta en cuestión después de que un policía judicial (ya retirado) que participó durante la fase de instrucción que dirigió el juez Acayro, denunciara ante la Fiscalía General del Estado que Pilar Santamaría se tenía que apartar del procedimiento por su amistad con el acusado Pedro Restegui. La respuesta a esta denuncia no vino de Madrid sino de la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez (denunciada por Podemos por prevaricación), quien la archivó alegando que durante la instrucción Santamaría se apartó por prudencia debido a la amistad entre sus hijos y los de Restegui, pero que eso no era motivo para que ahora no pudiera ejercer la acusación pública. No contento con esta respuesta, el exagente recurrió ante la Fiscalía del Estado, pero su recurso fue rechazado.

La siguiente polémica en la que se ha visto envuelta este juicio vino con motivo de la falta en la causa de los documentos aportados por el Ayuntamiento de Castro en los que se basó la fiscal para retirar la acusación a 39 personas. Esto motivó que Santullán pidiera la nulidad parcial del proceso, petición rechazada por la Sala. Para sorpresa de la pedanía, en las conclusiones de las defensas, la letrada de Rodríguez López aportó esos documentos. Pero no quedó ahí la cosa, porque durante la sesión en la que se reprodujo la escucha a Restegui, no se pudo visionar, por no estar entre los archivos que tenía la Audiencia, el vídeo realizado durante la inspección ocular de la zona del SUNP-12.

Pasados cinco meses en los que han comparecido los trece acusados, y decenas de testigos y peritos, ahora es el momento de que la Audiencia determine si deben demolerse o no los 46 chalés (ya se derribaron dos en La Loma), y si hay condenas (o no).

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