Se retrasa hasta las doce el macrojuicio de La Loma
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La sesión comenzará una vez la fiscal rehaga el escrito de acusaciónEl macrojuicio de La Loma de Castro Urdiales, en el que hay acusadas 45 personas (22 expolíticos, 13 promotores, 7 técnicos municipales y 3 técnicos particulares) por la presunta concesión irregular de licencias y la construcción de viviendas sobre dominio público sin servicios de ... agua, luz y limpieza viaria, se ha retrasado hasta las doce de la mañana, una vez la fiscal rehaga el escrito de acusación. Tras dos días de intensas negociaciones entre las defensas y las acusaciones del caso para llegar a algún tipo de acuerdo, de haberse producido, se dará a conocer durante la mañana de este jueves, ya que los letrados que forman parte del caso han acordado un 'pacto de silencio' durante estos dos días y no han querido desvelar ningún tipo de información al respecto.
Como se recordará, el pasado martes, momentos antes del inicio de la primera jornada de las 90 de las que consta el macrojuicio (seis meses), previo a las cuestiones previas, y a puerta cerrada (la audiencia pública aguardó fuera a la espera de que les dieran entrada a la sala), Andrés de Diego (decano del Colegio de Abogados de Cantabria y letrado que defiende al exarquitecto municipal Pedro Restegui, que se enfrenta a una petición de pena de 12 años de cárcel) solicitó la suspensión del juicio hasta este jueves, con el objetivo de tener más tiempo para poder llegar a algún acuerdo con las acusaciones. La propuesta fue secundada por «gran parte de las defensas y de las acusaciones» y el presidente de la Sala, Agustín Alonso, decidió aplazar el juicio. Fue entonces cuando el letrado de Restegui explicó a los medios de comunicación lo sucedido en la sala. «Antes de iniciar el juicio hay unos cuantos abogados de las defensas y las acusaciones que venimos hablando en aras a la posibilidad, o bien de adelgazar o limitar los hechos porque puede haber conformidades».
Según señaló De Diego, la complejidad del asunto, la extensión, el número de abogados y de imputados «ha hecho francamente difícil que en este mes que llevamos de intentos se haya podido materializar algo». Teniendo en cuenta que el martes estaban todos los letrados de las partes, pidieron dos días antes del inicio de las sesiones «para que podamos ver la posibilidad de alcanzar alguna conformidad, algunos hechos que pueden salir del enjuiciamiento... Buscar una conformidad o acuerdo parcial o una fórmula que limite esto».
El letrado de Restegui dejó claro que se trataba de «acuerdos personales», sobre «determinados hechos». «El juicio abarca muchas zonas de Castro denominadas suelos urbanizable no programados, en concreto los SUNP 3, SUNP 4, SUNP 7, SUNP 12. Es muy amplio y podría darse la posibilidad de que saliesen personas y se limitasen hechos o parte de la investigación», aseguró.
En caso de producirse algún tipo de acuerdo, según apuntó el decano de los abogados de Cantabria, «algunos acusados y testigos no tendrían que declarar». «Pero todo depende de la extensión del acuerdo».
Como ya avanzó hace una semana este periódico, los vecinos de La Loma que estaban personados en la causa (unos 130) han decidido retirar su acusación contra los promotores que presuntamente les habían estafado por no finalizar la urbanización de sus chalés y no construir el depósito de agua del Monte Cueto, entre otras razones.
Esto deja la acusación del caso, principalmente, en manos de la Junta Vecinal de Santullán y el Ministerio Fiscal. Y son con estas dos partes con las que los abogados de las defensas han estado negociando desde el pasado martes parar alcanzar un acuerdo en beneficio de los 45 acusados.
La empresa Siec, adjudicataria de las obras de ejecución del Depósito de El Cueto, Grupo de Bombeo y Red de Abastecimiento de La Loma por un importe de 1,7 millones de euros, ya ha comenzado los primeros trabajos de esta actuación, necesaria para que el Ayuntamiento de Castro Urdiales pueda regularizar las viviendas de esa zona investigada, de las cuales más de un centenar no cuentan aún con la licencia de primera ocupación, lo que impide a sus propietarios, entre otras cuestiones, poder venderlas si quisieran.
Cabe recordar que la obra, que se licitó en tres millones de euros, tiene un plazo de ejecución de diez meses. El depósito está proyectado para abastecer de agua potable a los vecinos de los sectores de suelo urbanizable no programado SUNP-3, SUNP-4, SUNP-12, en su caso SUNP-7 (en La Loma y Santullán) y a parte del núcleo urbano de Castro. Además, el coste del depósito será sufragado en un 25% por parte del Ayuntamiento, y el resto entre los promotores de La Loma.
La ejecución de esta obra ha estado precedida de una polémica que se zanjó en agosto de 2018 cuando el por entonces equipo de gobierno de Castro Urdiales (CastroVerde) y el PRC sumaron sus votos (PP, PSOE y MásCastro se abstuvieron) para sacar adelante una nueva modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castro que permitiera la construcción del depósito.
Este trámite se produjo después de que el Ayuntamiento castreño y la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria llegaran a un acuerdo previo para desbloquear un asunto que había llegado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Y es que un año antes la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) informó desfavorablemente la modificación puntual del Plan General de Castro Urdiales que posibilitaba la ejecución de la infraestructura.
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