Malestar por el cierre del Centro de Día de Castro Urdiales desde primeros de año

Este sábado los trabajadores y usuarios han recibido el respaldo de la Coordinadora Cántabra de Pensionistas, en una concentración ante la sede del Gobierno de Cantabria en la calle Peña Herbosa.

El pasado día 10, el vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, y la alcaldesa, Susana Herrán, comparecieron para anunciar una inversión de cinco millones de euros de fondos europeos para acometer la remodelación integral de las instalaciones, actualmente infrautilizadas (solo se utiliza la primera planta), para ubicar en los pisos superiores una nueva residencia de mayores con capacidad para 40 plazas.

Las obras, con inicio previsto a lo largo de 2023, tienen un plazo de ejecución de doce meses. Todas las partes celebran la oportunidad que supondrá para Castro Urdiales y la comarca oriental tener una infraestructura más moderna. Lo que rompe el consenso es la supresión del servicio de Centro de Día en Castro Urdiales durante los trabajos.

Desde la Consejería de Sanidad, la directora general del Icass, Antonia Mora, entiende «las incomodidades que esta situación provoca en los actuales usuarios del centro» y anuncia que «pondremos a su disposición los recursos que el sistema de atención a la dependencia puede brindar en la zona».

La indignación de los familiares comienza por la forma elegida para dar a conocer la decisión: una llamada telefónica a escaso mes y medio de la fecha límite. Y siguen con el fondo, con unas alternativas que en realidad no lo son. Porque las opciones que les brindan las pueden elegir desde el momento en que sus allegados tienen reconocida la condición de dependientes. Entre esta carta de servicios se encuentran la ayuda domiciliaria, el pago a un familiar para que se haga cargo o el ingreso en una residencia.

Pero ellos sostienen que, si en su momento optaron por el centro de día, fue porque era el que mejor se adaptaba a sus circunstancias. Ahora les ofrecen derivar a sus familiares a los Centros de Día de Liendo o a Laredo. Una solución que rechazan por los trastornos que ello supondría. Tras la reunión que los familiares celebraron el pasado miércoles, éstos han solicitado un encuentro con el Icass para conocer de primera mano las intenciones y valorar distintas soluciones.

La empresa adjudicataria del servicio, Pro Maiorem, trasladó el pasado 26 de julio su intención de renunciar a un contrato que le fue adjudicado en 2014, y que venía prorrogando desde entonces por periodos de dos años. «Este año renunciamos a prorrogar el contrato porque la explotación era deficitaria, pero para que se volviese a licitar con las condiciones actualizadas a la realidad», explica su directora ejecutiva, Julia Gurruchaga. La portavoz de la empresa no oculta su malestar ante la secuencia de los hechos. «Nos han dado acuse de recibo el pasado 11 de noviembre. Y nadie nos ha avisado del cierre. Están incumpliendo en tiempo y forma lo que dispone la normativa», asegura. al tiempo que muestra su enojo al ver la situación en la que quedan los usuarios. «Les gusta decir que ponen en el centro a las personas, pero aquí no lo están haciendo», destaca.

Los trabajadores lamentan el perjuicio que el cierre acarreará en los usuarios, acostumbrados a unas rutinas en las que cualquier alteración pasa una importante factura en su salud. También temen por su situación. De consumarse el cierre, deberán ser reubicados o acabar en el paro.