MásCastro presentará un contencioso contra el convenio de Conservas Lolín

El convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Castro Urdiales y Conservas Lolín, que supone el traslado de la empresa al polígono industrial de Vallegón, en Sámano, va camino del juzgado. Y es que el portavoz de MásCastro, Demetrio García, avanzó este viernes a este periódico que presentará un recurso contencioso-administrativo después de que la Comisión de Desarrollo Territorial rechazara, con los votos del equipo de gobierno (CastroVerde) y los del PRC, su recurso y otros dos de EQUO Cantabria y del exedil César Barco, respectivamente, contra la aprobación definitiva en Pleno del convenio.

Esto quiere decir que durante la próxima sesión plenaria -prevista para el martes, 29 de agosto-, tanto CastroVerde como PRC, tumbarán de nuevo los recursos, quedando aprobado definitivamente el acuerdo entre el Ayuntamiento y la conservera.

Tras la aprobación el pasado 30 de mayo del convenio en Pleno, el concejal de MásCastro, que votó en contra, tenía un plazo de un mes para presentar recurso frente al acuerdo, al que se sumaron la formación EQUO y el exedil Barco, que tiene unos terrenos junto a la conservera. A pesar de haber quedado resueltos dichos recursos, desde el pasado 9 de agosto, día en el que el Ayuntamiento de Castro publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la aprobación definitiva del convenio, aquellos que lo estimen tienen la posibilidad de interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Santander.

El portavoz de MásCastro tiene claro que será un juez el que diga sí el convenio es legal o no. En su opinión, el acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa conservera «afecta a terceros», con lo que «puede tener cargas hipotecarias». «No hay permiso de terceros que deberían autorizar el convenio. No me gusta como está plasmado. No se puede aprobar así. El Ayuntamiento no sale beneficiado», señala García, que también ha pedido cierta documentación al considerar que «faltan unos metros».

Sobre este mismo asunto se ha manifestado hace veinte días la formación EQUO Cantabria, que ha presentado un escrito en el que pide al alcalde de Castro, Ángel Díaz Munío, que ordene la apertura de un expediente para investigar y «recuperar» suelo público que, según esta formación, presuntamente habría ocupado la fábrica de Lolín.

EQUO apunta a la posible usurpación de al menos 650 metros cuadrados de suelo público (suelo peatonal, según la clasificación del Plan General de Ordenación Urbana), «que habrían ido a engrosar de forma ilegal la propiedad de la Fábrica de Lolín». «Esta superficie podría aumentar si se toman en cuenta otros indicadores como el hecho de que el proyecto de ejecución de la fábrica presentada en el Ayuntamiento lo era para una parcela de 5.343 m2 que ahora resulta tener 6.148 m2».