Suspendido el macrojuicio de La Loma a petición de las defensas para negociar acuerdos con las acusaciones

El letrado de Restegui ha asegurado que antes del comienzo del juicio algunos abogados han venido hablando de la posibilidad de llegar a acuerdos que en un mes no se han podido materializar, debido a la gran complejidad de este caso, por lo que hoy han solicitado dos días más al presidente el tribunal. Además ha apuntado la posibilidad de que salgan de la causa «determinadas personas», aunque no ha concretado a cuantos acusados beneficiaría el acuerdo porque en estos momentos lo que se ha planteado ante el tribunal «son cuestiones previas a las cuestiones previas».

Más de 40 personas, entre ellas los ex alcaldes Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, están imputadas en este macrojuicio por delitos de prevaricación, estafa, cohecho y desobediencia, entre otros.

Este martes estaba prevista la primera sesión del juicio, en la que se iban a plantear cuestiones previas pero no se ha llegado a celebrar la vista pública, que se ha fijado para el jueves a las 10.00 horas.

El aplazamiento ha sido solicitado, a puerta cerrada, por el abogado Andrés de Diego, quien ha explicado, en declaraciones a los medios, que ha hecho esa petición, en nombre de una «gran parte» de las defensas, para tratar de llegar a alguna conformidad o a acuerdos parciales que limiten los hechos que se juzgan.

Según el letrado, que representa al arquitecto Pedro Restegui, antes del comienzo del juicio algunos abogados han venido hablando de la posibilidad de llegar a acuerdos que en un mes no se han podido materializar, debido a la gran complejidad de este caso, por lo que hoy han solicitado dos días más al presidente el tribunal.

Ha apuntado la posibilidad de que salgan de la causa «determinadas personas», aunque no ha concretado a cuantos acusados beneficiaría el acuerdo porque en estos momentos lo que se ha planteado ante el tribunal «son cuestiones previas a las cuestiones previas».

En cualquier caso, si son menos los acusados en el banquillo se aligeraría un juicio que en principio está previsto que se prolongue seis meses, hasta el próximo 30 de marzo.

Con un volumen de 97 tomos, 61 anexos y 57.546 folios, en este procedimiento ejercen la acusación particular la Junta Vecinal de Santullán y seis representantes de particulares compradores de fincas.

Además, ejercen la acción civil cuatro bancos y una promotora inmobiliaria y están personados como responsables civiles subsidiarios el Ayuntamiento de Castro Urdiales y seis promotoras.

Cerca de la mitad de los acusados eran concejales del Ayuntamiento de Castro Urdiales entre los años 2000 y 2008 y también están imputados técnicos, administradores de empresas promotoras y directores de obras.

Según el escrito del ministerio fiscal, los acusados, «con la finalidad de hacer prevalecer su voluntad sobre el imperativo legal regulador del desarrollo urbanístico, han elaborado, informado, consentido y aprobado, respectivamente, consciente y voluntariamente», instrumentos urbanísticos contrarios al Plan General de Ordenación Urbana que »carecen del contenido mínimo exigible por ley«

En el caso de las licencias de obras sostiene que «no se adecuaban al PGOU ni al resto de la normativa urbanística», mientras que las licencias de primera ocupación se referían a edificaciones que «carecen de la infraestructura mínima para el uso residencial al que estaban destinadas».

A su llegada a la Audiencia, Fernando Muguruza, que se enfrenta a una petición de once años de prisión, ha dicho a los periodistas que tomó todas sus decisiones «conforme a la ley y al derecho, simplemente».

El exalcalde ha recordado que los acusados llevan trece años esperando este juicio y al ser preguntado por como se enfrenta a esta causa, ha señalado que como lo ha hecho en ocasiones anteriores, porque es su «obligación».

Muguruza tiene otras dos causas pendientes, por el desarrollo urbanístico de la AP-2 y por los supuestos sobresueldos de los funcionarios.

También ha hecho declaraciones a los medios el exconcejal Salvador Hierro, quien ha subrayado que cuando llegó al Ayuntamiento de Castros Urdiales las viviendas ya estaban construidas y que lo único que se hizo fue dar la licencia de primera ocupación a viviendas que tenían agua, luz y saneamiento, con los informes técnicos.

«No hay ninguna vivienda que sea ilegal», ha insistido Hierro, quien, tras recordar el gran número de acusados en el procedimiento, ha afirmado que «no es lo mismo atravesar el desierto solo que con un ejército».

Además ha opinado que la situación a la que se enfrentan es «un poco surrealista» porque en Cantabria, ha dicho, «se han tirado cientos de chalés» y hay que hacer lo mismo con la depuradora de Vuelta Ostrera mientras que en Castro no se ha tenido que derribar nada.