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Quienes han conocido a Fernando Muguruza en el cargo de alcalde de Castro Urdiales (2003-2011) saben de sobra que ha sido un político que siempre ha dado la cara y nunca se ha mordido la lengua. «Lo que está haciendo el juez Acayro (en ... relación a su investigación en el Ayuntamiento) roza la prevaricación», llegó a decir en una entrevista concedida a este periódico, dos años antes de que este magistrado lo mandará provisionalmente a la cárcel, donde estuvo tres semanas hasta que la Audiencia lo liberó.
Ayer, mientras los exalcaldes Rufino Díaz Helguera e Iván González, y otros siete exediles, decidieron acogerse a su derecho a no declarar en el juicio de los 'sobresueldos', Muguruza –fiel a su forma de ser– sí quiso dar explicaciones. Pero a medias, porque solo quiso contestar a las preguntas de su abogado y del tribunal, descartando las preguntas del fiscal, única acusación en este caso.
El exalcalde se enfrenta a una petición de pena de nueve años de cárcel por presuntas prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. Según sostiene el fiscal, el exregidor «mantuvo las contrataciones ilegales previas (que habría llevado a cabo su antecesor Díaz Helguera) y realizó otras sin proceso selectivo alguno y sin concurrencia alguna, pese a los reiterados informes de intervención, y extendió la contratación totalmente arbitraria a la residencia municipal y al servicio de extinción de incendios».
Sin embargo, Muguruza negó la mayor. «En mis dos legislaturas no contraté ni a una sola persona a dedo. Todo lo que se contrató fue por oposición», aseveró, después de describir como «catastrófica», «dantesca» y «caótica» la situación que se encontró en el Ayuntamiento cuando accedió a la Alcaldía en 2003.
«Desde el minuto uno», según señaló, el tripartito que presidía (PRC-PP-IU) tenía claro que había que hacer una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), pero se encontraron con la «oposición frontal» de los sindicatos, ya que había funcionarios que tenían una situación «inmejorable» y la negociación con sus representantes era «muy difícil». Finalmente, lograron aprobar esa RPT en 2009.
El exalcalde –declarado «tránsfuga» en 2007 y expulsado del PRC– defendió cada una de las contrataciones por las que se le acusa: «El secretario decía que no había ninguna ilegalidad».
Del mismo modo, se refirió a esos 'sobresueldos' por los que están acusados doce personas en este procedimiento y aseveró que se venían pagando en base al convenio colectivo de 1998. «Yo era el primer que estaba en contra de que se cobrara eso. Quise denunciar el convenio colectivo y realicé consultas a abogados, al Consejo de Estado, que nos remitió a la negociación sindical, y al secretario municipal, que dijo que era legal. Soy el primer enemigo de esta situación, el primero que creo que era injusto y lo sigue siendo para un Ayuntamiento con unos sueldos que son superiores al del resto de administraciones de Cantabria. Pero son derechos adquiridos».
Tras Muguruza declararon la exedil de Educación y Cultura, Concepción Carranza, quien afirmó que «el interventor informó en los plenos el deber de votar los presupuestos, que se ajustaban a la legalidad» y el exfuncionario Gregorio Alcedo, quien señaló que «el Tribunal de Cuentas no alertó de ninguna irregularidad en el pago de las nóminas».
Hoy será el turno de las conclusiones y el informe del fiscal. Mientras que los alegatos de las defensas tendrán lugar el próximo martes y miércoles, cuando los acusados tendrán el derecho a la última palabra y el juicio quedará visto para sentencia.
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