Muskiz reclama el derecho de ocupación de una parcela ubicada en Cantabria

Los Juzgados de Castro Urdiales acogieron ayer una vista en la que se abordó esta cuestión. Los representantes legales del Ayuntamiento de Muskiz defendieron su derecho a ocupar esa parcela, a pesar del deslinde, puesto que «llevan años explotando esa finca». Frente a esto, un representante de la Dirección General de Servicio Jurídico del Gobierno cántabro defendió el deslinde ratificado por el Supremo en 2018, que fue delimitado mediante la colocación de los correspondientes mojones en 2016, y que ese terreno pertenece a Cantabria, con lo que la explotación de esta parcela y sus aprovechamientos (la tala de árboles) correspondería, en todo caso, a la Junta Vecinal de Ontón.

«Al menos desde 2018 a la actualidad habrá que tener una compensación y ver cómo esta parcela pasa a manos de la Junta Vecinal de Ontón», señalan desde el Ejecutivo regional.

De su lado, el pedáneo de Ontón, Javier Gil, que ayer también acudió a los Juzgados castreños, aunque no pudo asistir a la vista judicial, asegura que lo que se pretende es «que los terrenos que se encuentran en Cantabria, reviertan aquí y que sus propietarios los inscriban y paguen los correspondientes tributos en Castro Urdiales».

«Yo no quiero ningún terreno de allí ni ningún enfrentamiento con ellos. Pero si tú tienes un terreno que pertenece a Castro, los inscribes en Castro y pagas los impuesto en Castro», defiende el pedáneo, al tiempo que apunta que hay muchas parcelas que se encuentran afectadas por esta misma situación. «Con Sopuerta y Galdames (otros municipios con los que linda Ontón) no tenemos ningún problema».

Con quien sí ha tenido disputas tanto Ontón como Castro Urdiales y, por ende, el Gobierno de Cantabria ha sido con el Ayuntamiento de Muskiz. El contencioso por los límites territoriales se remonta al año 2007, cuando tanto Castro como Muskiz remitieron a la Dirección General de Cooperación Local la documentación que fundamentaba la división que cada uno defendía.

El Instituto Geográfico Nacional emitió un año después un informe en el que reconocía como límite el que se describe en el acta de 30 de septiembre de 1925, es decir, el defendido por Cantabria. Dicho informe fue ratificado en 2009 por el Ministerio de Política Territorial y posteriormente recurrido por el Gobierno vasco, que apeló a la división provincial de Javier de Burgos del año 1833, que marca el límite del territorio en el río Sabiote. La Audiencia Nacional, en 2012, y el Supremo, en 2013, dieron validez a la tesis cántabra.

Pero no quedó ahí la cosa, porque en junio de 2016, técnicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) colocaron los mojones de deslinde entre Castro en cumplimiento de la orden ministerial y de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional de 2012 y ratificada por el Supremo, en un acto «que incumple la sentencia», según apuntó Muskiz, que mostró sus discrepancias con la colocación de varios mojones al considerar que no se ubican en el lugar que indicaban los tribunales.

En 2018, el Supremo rechazó otro recurso de revisión presentado por el Ayuntamiento de Muskiz contra el deslinde, «porque se interpuso fuera del plazo de cinco años estipulado». Y el último varapalo judicial al Ayuntamiento vasco fue en 2019, cuando la Audiencia Nacional desestimó el recurso que reclamaba la nulidad de la colocación de mojones de 2016.