«No hay ninguna prueba que acredite que Díaz Helguera cometió un delito de cohecho»

Este martes se ha celebrado la segunda sesión destinada a las conclusiones de los abogados de los 13 acusados en este procedimiento. El exalcalde castreño se enfrenta a una petición de cárcel por parte de la fiscal Pilar Santamaría de cuatro años de cárcel, diez años de inhabilitación y una multa de 149.082 euros.

El letrado de Díaz Helguera aseguró que el informe de rastreo de cuentas de su patrocinado se realizó «con nocturnidad y alevosía» y por funcionarios que «no eran competentes en la materia». En este sentido, señaló que el agente del Servicio de Vigilancia Aduanera, marino mercante de profesión, que lo realizó, «reconoció en el propio juicio que no estaba cualificado para ese tipo de investigaciones de carácter económico y que se lo advirtió al propio instructor».

Por otro lado, Pastor recordó que Díaz Helguera fue alcalde 1991 y 2003, y es «una persona soltera, con una única vivienda en propiedad, sin carné de conducir, ni coche, ni garaje». «¿Dónde está ese ritmo de vida tan sofisticado que podría justificar supuestas mordidas o comisiones? ¿Qué acto injusto ha realizado por el que ha recibido esas supuestas contraprestaciones? En este sentido, el letrado castreño ha asegurado que la fiscal le acusa por la aprobación de un instrumento urbanístico que ni siquiera se dice que sea irregular, razón por la que se mostró convencido de la absolución de su defendido, que será una «satisfacción», «aunque ya ha sufrido la condena antes del juicio».

En la sesión de este martes también intervino Andrés de Diego, letrado del exarquitecto de Castro, Pedro Restegui, quien dejó claro que «no existe ningún indicio de comisión de cohecho» por parte de su defendido, al tiempo que señaló que se ha planteado «una cultura de corrupción generalizada en Castro, que llegó a denominarse la Marbella del Cantábrico, que ha quedado en irregularidades administrativas». «Han sido doce años de zozobra, de pena de banquillo y de condena social e injusta».

De Diego también criticó la instrucción del juez Acayro, al que acusan de ejercer como «parte acusadora» y «vulnerar el derecho de los investigados a un juez imparcial», y solicitó como el resto de letrados que se le impongan las costas procesales a la Junta Vecinal de Santullán, acusación particular, por actuar de «mala fe».

Este miércoles continuarán el resto de conclusiones de las defensas y el jueves concluirá el juicio con la última palabra de los 13 acusados y los 32 no acusados formalmente.