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La Corporación Municipal de Castro se ha puesto esta mañana de acuerdo para desestimar el recurso presentado por la adjudicataria del servicio de transporte urbano a las sanciones impuestas en el Pleno de junio por los incumplimientos del contrato. Concretamente, por no haber instalado 20 ... paneles informativos en el mismo número de paradas antes del 1 de noviembre de 2019, y no haber renovado la flota de autobuses por otros nuevos antes del 1 de marzo de 2020, tal como se comprometió cuando suscribió el contrato. Las sanciones alcanzaron un importe total de 69.000 euros que fueron recurridas por la empresa y ahora desestimadas por el Pleno, cuyos integrantes han coincidido en el deficiente servicio que está prestando la empresa, especialmente en lo que respecta al estado de los vehículos, y que en los últimos meses los propios trabajadores vienen denunciando. También han estado de acuerdo los concejales en que no existe intención de reconducir estas deficiencias por parte de la concesionaria, por lo que han pedido «absoluta prioridad» para poner solución al problema y también celeridad, si bien se trata de un contrato de tramitación compleja que se prologará en el tiempo y podría durar años, según han admitido varios concejales.
En cuanto a las vías de solución, para el PRC pasaría por rescindir el contrato y licitarlo de nuevo, tal como ha solicitado el concejal del PRC, Pedro Fuste, que ha instado al equipo de gobierno (PSOE-Cs) a acudir al Consejo de Estado para poner fin al actual contrato y licitar uno nuevo, al tiempo que se hace un contrato de urgencia. Para el edil regionalista a la empresa “le compensan más las sanciones que el cumplimiento de los pliegos” y cree que “se está riendo de todos los castreños”. Fuste ha enumerado algunas de las deficiencias del servicio, como son “autobuses en un estado lamentable, quejas continuadas de los usuarios, o trabajadores maltratados”.
Por su parte el concejal de Movilidad, Alejandro Fernández, ha defendido que la solución a los problemas de este servicio “está en el primer puesto” en el orden de prioridades del equipo de gobierno, pero es un contrato “que no es sencillo y se trabaja con la diligencia necesaria para que los pasos que se den sean firmes y es el tiempo que estamos empleando”, al tiempo que se ha reafirmad0 en que a pesar de que los vehículos “no están en las mejores condiciones, no quiere decir que sean inseguros o que no tengan las condiciones para circular”.
De otra parte, se ha aprobado la aplicación en el Ayuntamiento de las medidas contempladas en el Real Decreto Ley del 1 de marzo, relativas a la posibilidad de revisar excepcionalmente los precios de los contratos de obras, con los votos del equipo de gobierno, PP y Podemos; y las abstenciones del PRC, que ha solicitado un informe de la situación económica del Ayuntamiento y de la repercusión de la propuesta en las arcas municipales; y de CastroVerde, cuyo portavoz, Eduardo Amor, se ha cuestionado si de darse el caso opuesto, es decir, que bajaran los precios de los materiales, también se harían revisiones de los precios de las obras a la baja.
Por último, ha salido adelante la moción de CastroVerde solicitando el acceso al proyecto de remodelación de la Plaza de La Barrera, una propuesta que el mismo grupo enmendó para que el documento pueda ser revisado por los grupos de la oposición antes del 1 de septiembre. A este respecto, la alcaldesa, Susana Herrán, ha indicado que el documento “no es definitivo” y aún no ha sido revisado por el equipo de gobierno por lo que no se ha trasladado a la oposición y ha aclarado que “no se va a proceder a la tala de los árboles de La Barrera”.
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