El pedáneo de Mioño denuncia ante la Guardia Civil que ha recibido amenazas de muerte

Según ha podido saber este periódico, la primera amenaza la recibió el mes pasado, en el buzón de sugerencias y quejas que tiene la Junta Vecinal. Apareció en su interior un folio doblado, sin sobre de ningún tipo.

En un primer momento, el pedáneo no le dio mayor importancia, no repitiéndose amenazas de ningún tipo posteriormente. Pero el pasado sábado, 30 de enero, Laforga recibió un correo electrónico en la cuenta de correo oficial de la Junta Vecinal, con otra amenaza de muerte.

En la denuncia ante la Benemérita, el pedáneo de Mioño hace constancia de que la recepción de esta amenaza «coincide con una declaración mía en la sede del Juzgado de lo Contencioso Administrativo en la que requería al juez instructor la realización de una investigación del Tribunal de Cuentas a toda la contabilidad relativa a la Junta Vecinal a la que represento. Accediendo a su petición la autoridad judicial, y en un horizonte cercano se iniciará la citada investigación». Según apunta Laforga, «ha sido acceder la autoridad judicial a su petición y en un breve espacio de tiempo he recibido el citado correo electrónico».

Ante esto, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) condenó ayer «rotundamente» las amenazas recibidas «por nuestro compañero del PRC y alcalde pedáneo de Mioño, manifestándole todo nuestro apoyo ante estos graves sucesos».

Según señaló la formación regionalista en una nota de prensa remitida a El Diario Montañés, «las amenazas han sido recibidas después de conocerse la decisión del Tribunal de Cuentas de investigar las actuaciones de legislaturas anteriores bajo el mandato del Partido Socialista para derivar, si hubiere, responsabilidad contable por alcance de los alcaldes que le preceden».

El PRC apunta, además, que debido a la «gravedad de las amenazas», estos hechos se han denunciado ante la Guardia Civil para que se abra una investigación y poder así «tratar de descubrir quién está intentando amedrentar a nuestro compañero». «Esperamos que se detengan este tipo de actuaciones condenables para la tranquilidad del alcalde y su familia, para que pueda continuar con su labor como lo ha venido desempeñando hasta ahora», concluye la formación.

Como ya avanzó el pasado 13 de enero este periódico, el Tribunal de Cuentas ha decidido iniciar diligencias de investigación para determinar si hay responsabilidad contable de la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán (PSOE) y su marido, Víctor Echevarría, entre otros, como gestores de la Junta Vecinal de Mioño durante los últimos años.

En auto la consejera de Cuentas, María Antonia Lozano, señala que los hechos que han dado lugar a la presente causa «pudieran ser constitutivos de un supuesto de responsabilidad contable por alcance», elevando las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor. Todo ello tras haberlo solicitado formalmente tanto el Ministerio Público como la Junta Vecinal de Mioño.

Cabe recordar que la millonaria deuda que ahoga a la pedanía de Mioño -supera el millón y medio de euros- ha sido la que ha llevado a Laforga a recurrir al Tribunal de Cuentas para que determine si hay responsabilidad contable por la gestión de sus predecesores en el cargo.

En un escrito remitido al Juzgado de lo Contencioso Nº 2, donde se tramitan dos reclamaciones de dos entidades, la Junta Vecinal decía que «la falta de atención y cumplimiento de las sentencias dictadas desde 2012 produce unos daños a la Junta por intereses y costas de ejecución». Además, señalaba que la deuda contraída con el Ayuntamiento de Castro «se ha duplicado» (ha pasado de 584.492 a 1.031.310 euros), por «falta de cumplimiento de pago y la inactividad de los gestores de la Junta».