El pedaneo de Santullán explica que siempre ha actuado «en defensa del interés público»

«Simplemente denunciamos a las personas que tenían la capacidad de dirigir el SUNP 12», ha dicho el pedáneo de Santullán, Julián Revuelta, ante la Audiencia de Cantabria, que eeste lunes ha reanudado el juicio del caso La Loma con la prueba testifical.

Durante su declaración, que ha durado casi tres horas y media, ha insistido en que él no tiene nada en contra del ex alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, para quien la fiscalía pide dos años de prisión y la Junta Vecinal, tres.

Según Revuelta, Muguruza fue denunciado por la Junta porque era el alcalde de Castro Urdiales y el responsable de Urbanismo y Salvador Hierro, porque era el concejal de Aguas y Servicios.

Sobre este último, ha asegurado que «jamás» había hablado con él ni tenía ninguna enemistad y ha explicado que más adelante le demandó porque «estaba todo el día en los medios diciendo que era un corrupto».

Ha señalado que primero se denunció a Muguruza y a Hierro y que cuando se vio que la junta de gobierno tiene también que aprobar los trámites se actuó contra el resto.

Preguntado por las defensas por las razones de que algunas personas hayan quedado fuera de la acusación, ha respondido que eso hay que preguntárselo a su letrada.

Durante todo su testimonio, ha repetido que él iba en todo momento «de la mano» de su abogada y de la fiscal en este procedimiento, y que todas las decisiones se debatían en la Junta y se aprobaban por unanimidad.

Julián Revuelta ha explicado que es presidente de la junta desde mayo de 2003, y que cuando asumió el cargo ya se había aprobado la modificación del plan general, contra la que se presentaron alegaciones en abril, cuando él era vocal.

Las alegaciones se presentaron, ha dicho, porque la finca propiedad del pueblo se había quedado «embutida» entre dos sectores (el SUNP-12 y el SUNP-4), y en ese momento no sabían que los caminos vecinales «se iban a usurpar».

Según el pedáneo, el Ayuntamiento les respondió que la finca no era urbanizable y aceptaron la decisión sin recurrirla.

«Cuando se nos encienden las alarmas es cuando se meten las máquinas y nos destrozan los caminos«, ha afirmado. Además ha insistido en que nadie les había comunicado nada sobre la actuación de la promotora.

Fue entonces, ante la alarma que se generó en el pueblo, cuando presentaron una denuncia ante la Guardia Civil, que después ampliaron, en el momento en el que la promotora (Sacyr-Vallehermoso) «rompió» las paredes de la finca y la «invadió».

La Junta Vecinal y la promotora llegaron posteriormente a un acuerdo y, según el pedáneo, en ese momento tuvieron conocimiento de que la empresa también había sido «engañada», porque la actuación estaba avanzada y no tenía ni luz ni agua para dar servicio a las viviendas. EFE