Tras un receso de media hora, se retomó la sesión para reproducir una de las escuchas realizadas al exarquitecto municipal de Castro, Pedro Restegui, acusado de un delito de cohecho por el que se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel y multa de 1,8 millones de euros.
La abogada de Rodríguez López aporta los documentos por los que Santullán pidió la nulidad parcial del procedimiento
La grabación, que se realizó en noviembre de 2008 tras ser detenido por orden del juez instructor, Luis Acayro Sánchez, titular entonces del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro, tiene una duración aproximada de ocho minutos y el interlocutor de Restegui se llama José Antonio. El exarquitecto comenta que «todo fue por un informe que hice, que me dio Pablo Sámano como gerente a firmar. Dijo Pedro, firma esto que es un certificado de infraestructuras para tramitar un plan parcial, y esta gente ve plan parcial y dice... joder, aquí se ha forrado todo Dios».
Durante la conversación, Restegui utiliza expresiones del tipo «hay tanta mierda ahí...», «el que cortaba el bacalao era Javier, ahí lo sabe todo dios». Además, le cuenta a su interlocutor que «le han trincado 40 millones que tenía en la oficina de años de profesión, de particulares... ni siquiera es B, es dinero... ¡Ay, qué horror!».
Jose Antonio, la persona con la que habla el exarquitecto castreño, le dice: «como le metan mano a Javier, se la mama el PSOE», y él responde: «hombre, por supuesto, pero éste es fino, éste es más listo que yo, no tendrá el dinero ahí en casa, sabes, en el estudio. Irá a lo seguro. Y ahora con la redada que me han pegado a mí, habrá limpiado todo dios los fajos por ahí, seguro, habrán hecho una limpieza de carpetas y la hostia».
Tras la reproducción de esta escucha estaba previsto el visionado del vídeo de supervisión de la zona denominada SUNP-12, objeto del juicio, pero no se pudo reproducir al no encontrarse entre los archivos que tenía la Sala, y en los que únicamente se encontraban imágenes y fotografías del SUNP-3.
Los que sí aparecieron, al menos los aportó María Revenga, la letrada de José Miguel Rodríguez López 'KyK', fueron los certificados emitidos por el Ayuntamiento de Castro Urdiales en septiembre de 2019, que reclamó en su momento la Junta Vecinal de Santullán para poder interrogar al testigo José Antonio Gutiérrez Olivares, y en los que la fiscal Pilar Santamaría se apoyó para «contraer» su acusación (de 45 bajó la lista de encausados a 6). Y es que esos certificados «dan cuenta de la situación material de varios de los sectores de la causa, los denominados suelos urbanizables no programados, en concreto el Sector 2 del SUNP-3, SUNP-4 y SUNP-7, que no han sido desarrollados y no han sufrido una variación material y no se ha producido un menoscabo alguno de la ordenación del territorio, así como la situación actual de desarrollo del sector 1 del SUNP-3 y del SUNP-12»
Cabe recordar que la falta de esos documentos en la causa derivó en que Santullán pidiese la nulidad parcial del juicio, algo que la Sala rechazó al entender que «no ha lugar». Postura que compartió entonces la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, al entender que «no se está causando indefensión» por esa falta de documentos. Sin embargo, Santullán entendía que «los informes han de ser trascendentes, cuando soportan el nuevo escrito de acusación (de la Fiscalía), constreñido a seis personas, lo que lleva inexorablemente a la sentencia absolutoria que la Sala anunció dictaría, ante la retirada de acusación para el resto de los acusados, que quedan en una posición de acusados formalmente, pero no materialmente (con la salvedad del pronunciamiento que se dicte en atención a la acusación particular)».
La Audiencia también admitió durante la sesión celebrada ayer la documentación aportada por la letrada de la Junta Vecinal de Santullán, en concreto el acuerdo del Pleno que declaraba nulo el convenio de la pedanía con Vallehermoso.
Las conclusiones de la fiscal Santamaría y de la Junta de Santullán, este jueves
La fiscal Pilar Santamaría y la abogada de la Junta Vecinal de Santullán, Yolanda Merino, darán hoy a conocer sus conclusiones del juicio. Hoy se sabrá si Santamaría contrae aún más su escrito de calificación y si Merino reduce sus peticiones de penas. En su caso, la fiscal acusaba a seis personas: Pedro Restegui, Yolanda Sánchez, Rufino Díaz Helguera, y Valentín Galdós, por cohecho, a este último también por falsedad documental. Y a Fernando Muguruza por prevaricación urbanística y a César Saiz por prevaricación y falsedad documental. Los acusados de cohecho se enfrentan a peticiones de cuatro años de cárcel, salvo Galdós (que son 5), y Muguruza, a dos años.
De su lado, la Junta de Santullán acusaba a 11 personas: siete de los ocho miembros de la Junta de Gobierno Local de Castro entre 2004 a 2007: Muguruza, Salvador Hierro, José Miguel Rodríguez, Concepción Carranza, Santiago Vélez, Jaime Diez Muro y Juan Tomás Molinero; los arquitectos Restegui y Galdós, el exsecretario César Saiz y la ingeniero municipal Carmen Villanueva.
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