Pilar Santamaría, fiscal del caso La Loma, obtiene una plaza en la Fiscalía Anticorrupción

Santamaría ha sido la fiscal que ha participado en la mayoría de las causas urbanísticas que instruyó el magistrado Luis Acayro Sánchez con motivo de la investigación que abrió en el Ayuntamiento de Castro Urdiales durante su paso por el Juzgado del municipio castreño entre 2007 y 2015, y que se han saldado con unas cuantas condenas, como el caso Santa Catalina, donde nueve personas fueron condenadas a penas de inhabilitación; el caso Proconor, en el que se condenó a otras trece personas, aunque el fallo no es firme, y el caso La Loma, donde ha habido tres condenas, aunque no son firmes.

Este último caso, que se juzgó hace un año (la vista duró cinco meses), ha sido el más polémico y el que más ha afectado a Santamaría tras darle un giro de 180 grados a la investigación que se inició hace 14 años. Y es que la nueva fiscal Anticorrupción decidió reducir la lista de acusados en la macrocausa de 45 a 6, dejando fuera a 39 personas.

Esta decisión se produjo siete años después de que su predecesora en el caso, la fiscal María Jesús Cañadas, firmase un escrito de acusación contra 46 personas (23 expolíticos, 13 constructores, 7 técnicos municipales y 3 técnicos particulares) para los que pedía un total de 197 años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y estafa.

Santamaría anunció su decisión de «contraer» el objeto del proceso en base al «acontecimiento de hechos ocurridos con posterioridad a la formulación del escrito de acusación provisional y muy fundamentalmente a la intención manifestada por los particulares afectados (los vecinos de las viviendas carentes de ciertos servicios) de apartarse del presente procedimiento penal, manifestando que su principal interés fue siempre la no demolición de sus viviendas». Esta determinación de la fiscal provocó que uno de los policías judiciales que intervino durante la investigación del caso presentara una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra ella por presunto conflicto de intereses, al entender que «no se puede volver a una causa de la que se había apartado previamente».

El agente, ya retirado, señalaba que en 2008, la instrucción de La Loma la iniciaron dos fiscales, María Jesús Cañadas (que fue quien firmó el primer escrito de acusación de la Fiscalía en el año 2012 en el que presentó cargos contra 46 personas) y Pilar Santamaría. Al parecer, en noviembre de 2008 Santamaría se apartó del procedimiento tras la detención del exarquitecto municipal de Castro, Pedro Restegui, y su mujer, dada la amistad que les unía a ellos, en especial con la segunda, dado que era profesora de sus hijos en el colegio de Santander. A raíz de esa detención Santamaría no volvió a intervenir en la instrucción, según mantenía el agente.

Pero esta denuncia fue archivada por la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, tras señalar que Santamaría se apartó de la instrucción «por un exceso de prudencia, no por un motivo de abstención».