El Pleno de Castro aprueba bonificaciones para los establecimientos y la implantación de Bonos-vale

Uno de los puntos relevantes del Pleno que ha resultado aprobado por unanimidad ha sido la Modificación de las bases de ejecución del presupuesto con el objetivo de llevar a cabo uno de los pilares del Plan de Reactivación Económica propuesto por el equipo de gobierno. El concejal de Hacienda, Pablo Antuñano (Psoe), ha explicado que se trata de un punto «muy importante» para la sociedad castreña y el tejido económico del municipio, ya que se trata de ayudar a luchar contra las situaciones «complicadas económicamente que produce la pandemia». Según Antuñano, se trata de un primer paso para poder disponer en un futuro de una herramienta que fomente el consumo en los comercios, consistente en incorporar una línea de subvenciones a través de bonos-vales descuento. «Después de este paso se realizará una convocatoria para concretar las cuestiones que afecten a este plan de fomento del consumo», ha indicado el edil. En cuanto a esos Bonos-vale, se repartirá un total de 40 euros a cada ciudadano empadronado mayor de 18 años para que lo canjee en los establecimientos del municipio que se adhieran a la iniciativa. Esos 40 euros se dividirán en dos cupones de 10 euros y cuatro de 5 euros. En cuanto a la forma en que los comercios pueden canjear, a su vez, esos vales en dinero, el edil ha asegurado que desde Servicios Económicos se está pensando en un procedimiento para que el intercambio económico se produzca con rapidez y que se pueda abonar al comercio en una semana.

También por unanimidad se ha aprobado otro punto relacionado con el mencionado Plan de Reactivación Económica, haciendo que tanto los comerciantes como los hosteleros no tengan que tributar una serie de tasas e impuestos. Estas bonificaciones supondrán que el Ayuntamiento deje de ingresar 552.000 euros en 2021 y están relacionadas con las tasas por mesas y sillas; carteles, letreros; ocupación del suelo, subsuelo y vuelo y la tasa de basuras.

En la sesión también se ha debatido la aprobación definitiva del Estudio de detalle de la unidad de ejecución número 1.74, correspondiente a la parcela denominada El Ciprés, ubicada en el barrio Brazomar, junto al aparcamiento del hipermercado Eroski. Según expuso el concejal de Urbanismo, Alejandro Fernández, se trata de un espacio de unos 6.000 metros cuadrados. «Hoy podemos felicitarnos porque parece que por fin está zona dará servicio para los castreños», ha indicado el edil, destacando que el uso según el Plan General es de Hospedaje. «Se va a desarrollar después de casi 20 años desde que se delimitó la parcela por primera vez», ha recordado Fernández, añadiendo que después de un año y medio de tramitación se va a dar el paso definitivo para que la parcela se pueda desarrollar, creando puestos de trabajo. Además, ha explicado que el promotor contempla un hotel y un centro comercial, además de construir zonas verdes de esparcimiento y un parque con zona de juego, lo que mejorará «la estética, revalorizando toda la zona», recordando que el hotel y el centro comercial se ubicarán en un tramo «muy transitado», ya que estará en la carretera de unión entre Sámano y Castro.

Además, el Pleno ha aprobado de forma definitiva y por unanimidad la Ordenanza Municipal de Recogida de residuos de competencia municipal y limpieza pública. Según ha expuesto José María Liendo (Cs), concejal de Medio Ambiente, la intención es ir modernizando todas las ordenanzas, pues se han quedado «obsoletas». «Es una ordenanza que ha contado con la participación de los grupos municipales, ciudadanos y asociaciones», ha asegurado el edil, lo que permite que la ordenanza se adapte «a las nuevas necesidades» en materia de gestión de residuos.

La Asociación Teletaxi de Castro Urdiales ha solicitado mantener las mismas tarifas para el año 2021 que, durante el presente año, un acto de «solidaridad con la situación de crisis», han destacado todos los grupos políticos del Ayuntamiento, quienes han votado favorablemente a la propuesta. Ahora, la Dirección General de Comercio y Consumo y la Dirección General de Transporte deberán autorizar el acuerdo para que los ciudadanos puedan beneficiarse de esta «congelación» en las tarifas de los taxis.

Los propietarios de los edificios de la calle Santander, número 6; La mar, número 9; y Ocharan Mazas, número 36, tendrán que llevar a cabo diferentes obras para la rehabilitación de estos, tal y como indica el Informe de Evaluación de Edificios correspondiente. El Pleno ha acordado por unanimidad que estas reformas tengan una bonificación del 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), lo que supondrá en torno a unos 4.000 euros de bonificación en unas obras con un coste total de cerca de 80.000 euros.

Por otro lado, resultó aprobado por unanimidad el punto correspondiente a la omisión de la función interventora en fases previas del procedimiento de gestión de gasto en suministro de combustible para vehículos municipales.

El grupo municipal CastroVerde ha presentado una moción sobre iniciativas para mejorar la Atención Primaria del municipio. La formación ecologista ha expuesto los inconvenientes que suponen para los vecinos el hecho de no poder obtener cita previa de un modo telefónico con facilidad, además de denunciar las colas que se generan a diario en los centros de salud del municipio para pedir cita y también para la extracción de sangre, destacando que la mayoría de las personas que tienen que esperar las colas son personas mayores. El texto ha sido aprobado, absteniéndose el partido socialista, quien solicitó la enmienda de uno de los dos puntos de la moción, en el que se propone al Ayuntamiento a que «facilite, de manera extraordinaria y mientras dure la pandemia, instalaciones municipales que permitan albergar las extracciones (polideportivos, etc.) que mejorarían sensiblemente la situación actual», un punto que CV ha decidido mantener por quedar «argumentado».

Además, el grupo municipal regionalista ha logrado sacar adelante su moción relacionada con la modificación de la ley en casos excepcionales relativos al Padrón municipal. Desde el PRC se ha querido denunciar la «injusticia» que sufre el municipio a consecuencia de los vecinos no empadronados. «Por eso no llegamos a los 50.000 habitantes y no recibimos 4 millones de euros al año del Gobierno de España. Es una necesidad urgente. Hemos perdido unos 80.000 euros en los últimos 20 años», han destacado desde el PRC. Por ello, se trasladará al Ministerio de Economía y Hacienda y a Administraciones Públicas la situación de Castro, para que se modifique con celeridad la ley de empadronamiento para casos de excepcionalidad «como es el caso del municipio de Castro Urdiales».

Por su parte, Podemos Castro ha presentado su moción también relativa al empadronamiento, para que el Ayuntamiento compruebe los residentes reales y empadrone a los mismos de oficio, una moción que, ha asegurado el portavoz de la formación morada, Alberto Martínez, podría complementar a la anterior, mientras que se lleva a cabo la modificación de la ley. Sin embargo, Podemos ha contado únicamente con el apoyo de CastroVerde, por lo que no ha logrado que su moción resultase favorable.

Otra de las mociones que ha salido adelante ha sido la relativa a la situación en el Sáhara Occidental, presentada por elPRC, CV y Podemos, un escrito a través del cual se ha pedido al Ayuntamiento condenar la acción militar marroquí; manifestar el apoyo al pueblo saharaui y al Frente Polisario; exhortar al Gobierno de España a velar por el bienestar de la población saharaui refugiada en los Campamentos de Tinduf; solicitar a las Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad que adopten las medidas necesarias para proteger a los civiles saharauis que residen bajo la ocupación marroquí y exigir al Gobierno de España que asuma sus responsabilidades como potencia administradora del territorio no autónomo del Sáhara Occidental, y lleve a cabo las acciones necesarias para la celebración de un referéndum de autodeterminación.

La última moción fue la expuesta por el Partido Popular para pedir que se reitre la reforma educativa impulsada por el Gobierno de España, conocida como la Ley Celáa. Ana Urrestarazu, portavoz del grupo popular, ha propuesto que el Ayuntamiento solicite formalmente al Gobierno de España la garantía de la existencia de diferentes modelos educativos para educar en libertad, coexistiendo los centros concertados y los públicos; además de dejar que las familias decidan si quieren que sus hijos con necesidades especiales acudan a un centro especial, una clase ordinaria, o una clase especial dentro de un centro ordinario, sin olvidar, entre otros aspectos que el castellano sea la lengua vehicular. Ante este texto, el Psoe (excepto una concejala que se ha ausentado), CastroVerde y Podemos han votado en contra; mientras que Ciudadanos, los regionalistas y los populares han votado a favor de esta propuesta.