El Pleno de Castro rechaza reprobar al concejal de Urbanismo

Antes de entrar en debate, el PRC consideró que el edil al que se pretendía reprobar no debía estar presente en la sesión, para lo que citaron el artículo 21 de ROF (Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales). Pero la secretaria municipal apuntó que, tras realizar varias consultas, entendía que sí podía asistir «para poder defenderse», como ocurre con las mociones de censura.

En su primer turno de intervención, la edil del PRC, Carla Urabayen, expuso los motivos por los que su grupo había solicitado la celebración de este pleno. En primer lugar, reprochó al edil de Urbanismo que «no cumpliera» el acuerdo plenario para echar atrás la decisión que él mismo tomó para dar por cumplido el convenio entre el Ayuntamiento y Eroski a cambio de 84.000 euros. «Se jacta en los medios de no cumplirla. Le falta humildad y le sobra soberbia».

La edil regionalista recordó que cinco días después de que el PSOE accediera al Gobierno, una empresa solicitó la construcción de un hotel en la parcela del Ciprés, que ya cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento, después de que la zona donde se ubicará estuviera paralizada durante años. «Ahora el edil de Urbanismo ha iniciado los trámites para realizar un plan de reordenación de Brazomar donde posee una nave sin valor que revalorizará. El técnico municipal lo desconocía y tuvimos que advertírselo. Fernández intervino a pesar de que no podía por incompatibilidad». «La estrategia es clarísima: utiliza su poder para imponer su criterio y lograr sus supuestas fechorías».

El PRC cree que, de los seis concejales del equipo de gobierno, sólo una o dos persona eran conocedoras del plan de Fernández . «El resto, se está dando cuenta ahora de que este plan solo tiene el supuesto interés personal de unos pocos». «¿Está segura de que quiere unir su destino a un concejal que tiene su futuro incierto? Si no es así, repruébele porque no merece su confianza ni la de esta Corporación», apuntó Urabayen dirigiéndose a la alcaldesa.

Por su parte, la portavoz del PP, Ana Urrestarazu, criticó la celebración, «en poco tiempo», de tres plenos extraordinarios a instancias del PRC y lamentó que «hoy la broma va a costar a las arcas públicas 700 euros para reprobar a un concejal por decir que va a intentar redactar un plan especial para la zona de Brazomar». «No existe aún y lo que hay es una intención de redactarlo. Matar a alguien antes de cometer el delito es un poco grave», aseveró.

Urrestarazu ha reprochado al PRC que se atrevan a hablar de ética, de principios y de dignidad, cuando Jesús Gutiérrez, líder del partido, «se presenta a alcalde para recalificar su fábrica». Además, ha afirmado que han sido tres los proyectos del PRC en legislatura y media: «recalificar la fábrica; inventarse un 'teatrillo' que no está a la altura de la cultura del municipio, que se tardaba 20 años en pagar y que daba salida a unos garajes de su familia que hasta ahora están inhabilitados; y defender con uñas la aprobación de unos presupuestos de CastroVerde tres días antes de las elecciones, y donde aparece un decreto en el que en una parcela de su familia, detrás del Centro Musical Ángel García Basoco, parece ser que se puede construir».

La portavoz del PP ha sentido «un poco de vergüenza» porque «el PRC está convirtiendo la política en una guerra, en una batalla. Una película bélica que se titula 'Salvar al soldado Jesús' y todo el que no se sume será destruido. Lo habéis intentado conmigo pero, para acabar conmigo Jesús, tienes que nacer muchas veces. Habéis convertido la política en una auténtica caza de brujas».

A esta dura crítica del PP, el portavoz de Ciudadanos, José Mari Liendo, que considera que es una buena idea ordenar la zona de Brazomar, ha añadido que «la legislatura del PRC comenzó con aquellos plenos en los que solicitaban un sueldo más para otro de sus concejales».

Tras estas intervenciones tomó la palabra el edil del PRC, Jesús Gutiérrez, para defender que «el pleno dijo, por mayoría, que no queríamos el pacto que, de forma oscura, se hizo para cerrar el convenio con Eroski y Fernández ha dicho que no lo va a cumplir. Nosotros nos hemos personado en el Tribunal de Cuentas porque no nos fiamos de lo que mandéis vosotros, si es que lo hacéis. Porque estáis defendiendo a la empresa y nosotros los intereses generales de Castro».

Por parte del PSOE, el edil de Urbanismo no intervino y fue la alcaldesa Susana Herrán la que defendió su gestión. «Una vez más, el PRC intenta sacar un titular en esta estrategia de hacer oposición destructiva, injuriar, calumniar y desprestigiar al equipo de gobierno«. La regidora defendió que el asunto del convenio suscrito con Eroski cuenta con 6 informes técnicos «que avalan el hecho de que esa tramitación es impecable». «Lo que pasa es que igual no les gusta a los regionalistas lo que dicen esos informes porque a lo único que se han dedicado es a preocuparse de todo lo que pase en esa zona porque en ella está la fábrica de Gutiérrez, que es lo único que le interesa».

Respecto a la crítica del PRC por el saneamiento de Santullán, Herrán ha asegurado que es al concejal del PRC, Julián Revuelta, al que, como presidente de la Junta Vecinal, se le incoa una expediente de restauración de la legalidad urbanística porque ha hecho una obras en su pedanía sin licencia y sin autorización de la Confederación Hidrográfica. Y en el caso del plan especial de Brazomar, dijo que «siempre lo hemos defendido, como otros grupos municipales». «Es una intención redactarlo, pero aún no hay nada, se trata de reorganizar esa zona y, en un futuro, sacar empresas del casco urbano y llevarlas a los polígonos industriales y aún estamos esperando que traslade la suya, que nadie se lo ha impedido», apuntó dirigiéndose el líder del PRC y gerente de Conservas Lolín.

Desde CastroVerde, el edil Eduardo Amor, anterior responsable de Urbanismo, ha señalado que hay motivos para «darle un tiro de orejas» al concejal socialista pero «no creo que sea el Pleno un órgano para pedir una dimisión. Si dentro del PSOE hay un código ético que revisa eso, yo no me voy a meter con ello y queda dentro de la mala praxis o errores y no vamos a pedir la dimisión. Que sea el propio concejal o el partido que lo respalda el que decida lo que tiene que hacer».