El Pleno de Castro revoca el decreto que da por cumplido el convenio de Eroski

Hay que recordar que la formación regionalista había registrado esta petición al entender que el edil de Urbanismo, que ha dado «carpetazo» al convenio de Eroski por decreto «sin dar publicidad», no tiene competencia para hacerlo, sino que es el Pleno el que tiene que tomar esas decisiones. Según apuntaba el PRC, esta es una «tramitación larga y farragosa» en la que se han ido sucediendo un gran número de pleitos y recursos entre la empresa y el Ayuntamiento, siendo siempre resueltas de forma favorable para el Consistorio, «demostrando así la estrategia que desde un primer momento ha llevado a cabo la mercantil, que no era más que dejar sin cumplimiento la estipulación primera del convenio que le obligaba a la construcción de una área de ocio con minicines, restauración y una galería comercial».

Los regionalistas afirman que fruto del cumplimiento del convenio por el Ayuntamiento, el valor del aprovechamiento se cifra por los tribunales, en 2007, en la cantidad de cerca de 9 millones de euros (el 10% se valoró en cerca de 900.000 euros), ante lo que declarar cumplido el convenio a cambio de 84.000 euros pudiera conllevar, presuntamente, «un grave quebranto para la hacienda local».

Así, el acuerdo plenario aprobado esta mañana insta a la alcaldesa a someter al Pleno la decisión sobre el cumplimiento del convenio, con los trámites previos correspondientes, es decir, con los informes de la Secretaría y de la Intervención municipales. A estos efectos, los informes técnicos a emitir en el expediente habrán de calcular el valor económico de lo entregado por las partes para el caso de resolución del contrato. Además, se deberá remitir cautelarmente el expediente al Tribunal de Cuentas para garantizar, en su caso, la indemnidad de las arcas públicas, y asegurar, si procede, la responsabilidad de los concejales y funcionarios que pudieran haber participado.

Frente a esto, el concejal de Urbanismo quiso dejar claro que sus decisión está tomada en base a los diferentes informes de los técnicos municipales. «Esta propuesta es un nuevo intento de manchar la reputación de este equipo de gobierno y poner en duda la actuación de los técnicos municipales». «El PRC no mira las leyes porque ahí no se puede construir ya que es una zona inundable de flujo preferente», apostilló, al tiempo que apuntó que «no existe ningún quebranto para las arcas municipales según el interventor».

En esta misma línea, el portavoz del Cs, José María Liendo, puso de manifiesto que los informes que hay en el expediente dejan claro que «es inviable por ley hacer el centro comercial».

Por contra, el portavoz de CastroVerde, Eduardo Amor, acusó al edil de Urbanismo de «ocultar el decreto» y apuntó que si se da por cumplido el convenio «se renunciar a cualquier posibilidad de que se lleve a cabo el centro comercial, que era el objeto principal del convenio que se suscribió en 2001». «Toda la tramitación del expediente está plagada de errores administrativos. Cualquier convenio urbanístico es competencia del Pleno».

Desde el PP, la edil Ariane Krug defendió que el convenio prescribió en abril de 2016. Sin embargo, recordó que fue revisado con el objeto de cumplir los acuerdos pendientes y el compromiso de solventar los problemas de inundabilidad, «pero se modificó la legislación, impidiéndose la construcción del centro comercial». De su lado, el edil de Podemos, Alberto Martínez, cree que la única opción del Ayuntamiento es realizar una reclamación para el periodo comprendido entre 2007 y 2016.

Por su parte, la secretaria municipal señala que para revisarse de oficio el decreto del edil de Urbanismo «es preceptivo dar trámite de audiencia a Eroski dictamen favorable del Consejo de Estado, antes de que el Pleno pueda declarar la nulidad de dicha resolución».