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Continua la polémica en torno al juicio de La Loma de Castro Urdiales. A penas unos días después de que la Fiscalía General del Estado diera carpetazo a la denuncia del policía judicial contra la fiscal Pilar Santamaría por participar en esta causa a ... pesar de su presunta relación con uno de los trece acusados, Podemos Cantabria, que también había denunciado estos hechos ante el Ministerio Público, ha decidido ampliar su denuncia e incluir en ella a la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez Bados, «por un posible delito de prevaricación en base a que ha ordenado intervenir en la causa a la fiscal Santamaría a pesar de que ésta se había apartado de la causa durante la instrucción por conflicto de intereses». Asimismo, la formación morada denuncia que Jiménez haya avalado la actuación de Santamaría de retirar la acusación respecto de 39 de los 45 acusados iniciales, habiendo trascendido a los medios de comunicación estos días que la actuación de la Fiscalía de Cantabria para cambiar de criterio se basó en documentación que «nunca ha estado incorporada en la causa».
Podemos Cantabria entiende que esta actuación es «gravísima» porque «no sólo se aparta de la legalidad vigente, sino porque también ha podido ser ocultada por la fiscal jefe de Cantabria tanto a la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente como a la Fiscalía General del Estado para conseguir el aval al cambio de criterio y vicia de nulidad radical todo lo actuado desde la presentación del nuevo escrito de acusación, porque un escrito de acusación nunca puede basarse en documentación ajena al procedimiento ya que supone una vulneración flagrante de todas las garantías procesales».
Además de esta nueva denuncia de la formación morada, la Junta Vecinal de Santullán, acusación particular en el caso, ha presentado un escrito ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial en el que denuncia que el juicio se ha convertido en «una suerte de acusación a la acusación particular y a la letrada de la Junta». La pedanía señala que consta acreditada la disposición de documentación ajena a la causa por, al menos, el Ministerio Fiscal. «Su consideración ha afectado y puede afectar a los derechos de esta parte». La Junta Vecinal de Santullán considera que la utilización de documentos ajenos a la causa es una «irregularidad» que afecta al derecho de la parte que los desconoce, a un proceso con las debidas garantías. Además, la pedanía castreña sostiene que el cambio de criterio del Ministerio Fiscal en atención certificados municipales «sin verificar su credibilidad -máxime si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento de Castro nos ha aportado también dos fichas de inventario engañosas (pues se refieren a la vía férrea ajena a la Junta y a un camino casi no afectado) para sustentar un 'argumento de autoridad' en relación a la titularidad de los caminos afectados- puede ser causa de vulneración de nuestro derecho a la tutela judicial si, desprovistos del amparo del Ministerio Público, se genera la apariencia de irreflexivo proceder».
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