Podemos e Izquierda Unida de Castro exigen la dimisión del alcalde de Santullán por los vertidos de amianto

«Se deben depurar responsabilidades y que paguen todos lo que tengan que pagar por ello, es necesaria una sanción ejemplarizante», han señalado desde ambas formaciones, asegurando que su indignación está creciendo «exponencialmente por momentos». Así, Podemos e IU piden también que el PRC cese «de inmediato» de militancia a Revuelta «por poner en grave riesgo, probablemente a sabiendas, la salud de las personas de este municipio».

Alberto Martínez, portavoz de la formación morada y Pablo Villasante, de IU, han hecho referencia al video que se ha difundido a través de las redes sociales. «Revuelta aparece dirigiendo el vertido de restos, presuntamente de derribo de unas casetas, papeles firmados acordando con la empresa obras que no estaban licitadas y hasta el hecho de que no exista una simple petición de licencia de obra por parte de la Junta, es una evidencia clara de la intención de saltarse cualquier protocolo o estamento municipal, autonómico y estatal. Desde el interventor de Juntas Vecinales pasando por los departamentos técnicos del Ayuntamiento, dirección de obra y terminando por la Confederación Hidrográfica, entre otros, nadie ha sabido absolutamente nada de sus intenciones», han afirmado.

Después de informarse sobre las consecuencias del amianto en diferentes fuentes, desde Podemos e IU han destacado, entre otros aspectos, que «el amianto es eterno: dura más que cualquier sustancia atómica en desintegración. Es letal: lo mismo que muchos elementos radioactivos. Es invisible, incoloro, inodoro, e insípido: igual que las radiaciones alfa. Es ubicuo y, por su tamaño y liviandad, puede quedar suspendida en el aire o en el agua y trasladarse aleatoriamente de acá para allá». «El amianto es uno de los carcinógenos ocupacionales más importantes y provoca alrededor de la mitad de las muertes por cáncer profesional», han puesto en relieve, resaltando también que «la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el mineral actualmente procesado e instalado va a causar la muerte de entre unas 110.000 a 150.000 personas al año en el mundo en las próximas décadas».

«Todo lo expuesto anteriormente da una idea de la peligrosidad de los materiales encontrados en las catas. No estamos hablando de algo sin importancia y no nos creemos que la UTE, con la experiencia que tiene en obra pública, no tuviera sospechas de la existencia de asbesto. Ahora falta saber si a los trabajadores que han estado expuestos se les proporcionaron las medidas de seguridad, que doy por hecho que no, ya que sería reconocer que estaban cometiendo una ilegalidad y las consecuencias a largo plazo tanto para ellos como para toda la ciudadanía castreña. No olvidemos que se ha enterrado debajo de un parque donde han estado jugando nuestros menores con sus familias, que seguramente se han filtrado restos al río con las lluvias y que la tierra está contaminada», ha explicado Villasante.

Por otro lado, ambas formaciones han recordado que la Recomendación de la Comunidad Europea 'Quien contamina paga' define al «agente contaminador como la persona que directa o indirectamente deteriora el medio ambiente o crea las condiciones para que se produzca dicho deterioro y debe soportar el coste de las acciones que se desarrollen con el fin de eliminar la contaminación o reducirla a niveles aceptables según los estándares de calidad establecidos». Exigen por ello «una respuesta inmediata y ejemplificadora de las instituciones y la dimisión inmediata de Julián Revuelta en sus funciones a la espera de las consecuencias penales y económicas en que haya podido incurrir tanto él como los responsables de la empresa adjudicataria, así como que se realice un seguimiento sanitario a las personas que hayan podido estar expuestas ya sea por motivo laboral o personal y se les repercutan todos estos costes a los culpables de semejante negligencia».

En caso de que las empresas implicadas hayan sido responsables de los vertidos de amianto en Santullán, piden desde Podemos e IU que «sean sancionadas y se investiguen las obras públicas realizadas por estas dos empresas y todas de las que puedan formar parte sus responsables. El baremo de las multas puede ser de 30.000 a 600.000 euros e incluso el cierre de la empresa», han concluido.