El PRC pone contra las cuerdas al equipo de gobierno de Castro Urdiales

La actual legislatura ya arrancó con una polémica motivada por la decisión 'in extremis' del PP de romper el preacuerdo que tenía con el PRC para hacer alcalde a Jesús Gutiérrez, que días antes de la investidura anunció otro pacto con CastroVerde. A partir de ahí, el equipo de gobierno (PSOE-Cs), en minoría, aunque ha contado en diversas ocasiones con el apoyo del PP e incluso Podemos, desde la oposición, para sacar adelante sus propuestas, ha visto como se le han abierto diferentes frentes relacionados con asuntos urbanísticos y económicos. El primero tuvo que ver con el convenio entre el Ayuntamiento y Conservas Lolín, que no ha llegado a entrar en vigor al no salir adelante en Pleno el último trámite necesario, que contaba con todos los informes vinculantes favorables. Tras dos plenos en los que se tumbó el convenio, el asunto fue al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El otro frente que tiene abierto el equipo de gobierno, tras año y medio de mandato, es el relacionado con el convenio con Eroski, después de que el líder del PRC, Jesús Gutiérrez, presentara hace unas semanas un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander contra el decreto emitido el pasado 4 de junio por el concejal de Urbanismo, Alejandro Fernández (PSOE), con el que dio por cumplido el acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y Eroski en 2001, a pesar de no construirse los minicines y locales comerciales que estaban previstos, motivo por el que la empresa abona ahora 84.000 euros al Ayuntamiento castreño.

Además, este recurso va dirigido frente a la «desestimación por silencio, al no resolver en plazo la Alcaldía sobre lo acordado por el Pleno del 10 de diciembre de 2020». Es decir, que la regidora socialista, Susana Herrán, «no ha dado cumplimiento íntegramente a la moción que respaldó el Pleno para dejar sin efecto o declarar nulo el decreto con el que se dio carpetazo al convenio con Eroski». En este sentido, hay que recordar que en el último pleno extraordinario en el que se rechazó la propuesta del PRC para reprobar al concejal de Urbanismo, la alcaldesa anunció que se había remitido al Tribunal de Cuentas el expediente a los efectos de «garantizar, en su caso, la indemnidad de la arcas públicas y asegurar, si procediere, la responsabilidad de los concejales y funcionarios que pudieran haber participado». También el PRC ha remitido el expediente del convenio de Eroski al Tribunal de Cuentas junto con una serie de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en referencia a las obligaciones que tenía la empresa mediante el convenio que suscribió con el Ayuntamiento de Castro hace ya dos décadas.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha decidido iniciar diligencias de investigación para determinar si hay responsabilidad contable de la alcaldesa de Castro y su marido, Víctor Echevarría, entre otros, como gestores de la Junta Vecinal de Mioño durante los últimos años.

Cabe recordar que la millonaria deuda que ahoga a la pedanía de Mioño -supera el millón y medio de euros- ha sido la que ha llevado al actual presidente de la Junta Vecinal, Asier Laforga (PRC), a recurrir al Tribunal de Cuentas para que determine si hay responsabilidad contable por la gestión de sus predecesores en el cargo.

Según señala el pedáneo, en el informe de revisión de los ejercicios 2007 a 2011 de la Junta «no figura documentación contable de ingresos, ni estado de ejecución presupuestaria, cuentas anuales o similar».