«Ahí pone Fernando Muguruza, pero esa no es mi firma, en absoluto»

Así lo ha asegurado tras mostrar la sala el documento al exalcalde a petición de su abogado, Ignacio Uriel, que también ha pedido que se exhibiera el certificado sobre la concesión de esta misma licencia, firmado por el entonces secretario municipal, César Sáiz, igualmente acusado en esta causa y que declaró el lunes.

Muguruza, que sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, según ha dicho por indicación expresa de éste, y tras mostrar su respeto a todas las partes, ha declarado que tenía «total confianza» en los técnicos, y que «nunca» aprobó ningún instrumento urbanístico en contra de los informes técnicos, «ni en el SUNP12 ni en ningún sector».

Sobre los expedientes que ya estaban en tramitación cuando en 2003 accedió a la Alcaldía (por el PRC, y en coalición con el PP e IU), ha señalado que «no tenía por qué dudar de que los procedimientos no estuvieran bien hechos».

Muguruza, que además de alcalde ejerció de concejal de Urbanismo y también era diputado por el PRC en el Parlamento regional, ha explicado que inicialmente delegó en la Comisión de Gobierno competencias de Urbanismo «por una cuestión de transparencia y claridad», y que al cabo de tres años, en junio de 2006, asumió de nuevo la potestad de conceder licencias «en un intento de agilizar todo aquéllo que tuviera informes favorables», dejando en manos de la Comisión de Gobierno la denegación de licencias urbanísticas.

En su nuevo escrito de acusación tras retirar los cargos a 39 de los 45 acusados, la fiscal, Pilar Santamaría, redujo la petición para Muguruza a dos años de prisión y 10 años de inhabilitación, y mantiene la petición de demolición de las 46 viviendas. La Junta Vecinal de Santullán le acusa además de falsedad continuada en documento oficial, y solicita en total cinco años de cárcel y 11 de inhabilitación.

La fiscal le acusa de un presunto delito de prevaricación genérica y prevaricación urbanística por votar a favor de la aprobación del plan parcial del SUNP 12, en septiembre de 2004, «a pesar de conocer que no se ajustaba a las exigencias impuestas por la Dirección General de Carreteras»; y por conceder en julio de 2006, la licencia de obra para las 46 viviendas citadas «pese a constarle que el plan parcial aprobado no se correspondía con el informado por Carreteras, lo que dio lugar a la construcción de 11 viviendas en la zona de protección de un vial autonómico allí proyectado».

El exalcalde no ha reconocido su firma en el decreto de Alcaldía por el que se concedió la licencia a Vallehermoso, en el que «pone Fernando Muguruza, pero no es mi firma en absoluto».

Sobre la denuncia de la Junta Vecinal de Santullán por la invasión de terrenos de su propiedad -que es el origen de la instrucción de La Loma-, ha señalado que cuando la Junta reclamó, -en el año 2006-, «ya se había avanzado en el plan parcial». «Se había hecho toda la tramitación, creo recordar», ha explicado Muguruza, añadiendo que en aquella época trató con el pedáneo de Santullán, Julián Revuelta, asuntos diversos «pero una reclamación de Urbanismo, no».

El exalcalde, médico de familia de profesión, ha explicado que no tenía conocimientos de Urbanismo, que no se le proporcionó formación en esta materia, más que «unas explicaciones de tipo económico», y que le resultó «muy atractiva e interesante» la figura del gerente de Urbanismo para la organización del departamento, aunque «el organizador final siempre era el secretario», ha dicho en relación a los expedientes.

Ha relatado que «en cinco años tuvo cinco gerentes de Urbanismo» -Pablo Sámano, Alicia García, Javier Ceruti y Alvaro Pérez- y que no tuvo «ningún encontronazo» con ellos ni «pérdida de confianza» sino que simplemente «se fueron a sitios mejores, de mayor prestigio».

Siempre a preguntas de su abogado, Muguruza ha explicado que los expedientes se completaban con todos los informes que el secretario decía que tenían que estar, y que no era cometido de los políticos leer los informes de otros organismos como la Comisión Regional de Urbanismo (CROTU) o mirar planos.

«No era mi función, con la sobrecarga de trabajo que había, si hubiera tenido que supervisar esas cosas, se habría ralentizado todo mucho más», ha declarado el exalcalde, que estuvo en prisión preventiva durante la instrucción de esta causa entre el 18 de febrero y el 9 de marzo del año 2010 por orden del juez Luis Acayro Sánchez, entonces titular del Juzgado nº 2 de Castro Urdiales.

Este miércoles está previsto que declaren el exconcejal de IU Salvador Hierro y la ingeniera municipal, Carmen Villanueva, acusados únicamente por la Junta Vecinal de Santullán, que pide para el primero cinco años de prisión y 11 de inhabilitación por falsedad documental y un presunto delito continuado de prevaricación; y para la técnico, dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por un presunto delito continuado de prevaricación y prevaricación administrativa.