La presencia de amianto retrasa el derribo del Hotel Miramar de Castro

Y es que antes de demoler la estructura del hotel hay que quitar el amianto y «los permisos suelen conllevar un tiempo», afirman fuentes cercanas a la obra. La empresa Tragsa es la encargada del trabajo de desmantelamiento y derribo del hotel, tras la decisión de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Los operarios se encontraban estos días anulando las tuberías de agua y luz en la parte exterior del edificio, teniendo que actuar para ello en algunos puntos del firme de la carretera. Estos trabajos finales se suman a los realizados durante las semanas anteriores, relacionados con el vaciado del edificio de puertas y armarios, así como las ventanas exteriores, entre otros elementos.

La hoja de ruta de la empresa indica que tras finalizar el vaciado y desmantelamiento del inmueble se desmontará el tejado, una maniobra delicada a la que tendrá que hacer frente una empresa externa, ya que está construido con fibrocemento, un material que contiene amianto. Tras su retirada acudirá la retroexcavadora para demoler el edificio en partes transversales, de arriba abajo, haciendo la correspondiente selección de residuos.

Así se dará fin a esta construcción que ha formado parte de la historia de Castro Urdiales, un edificio que se levantó en la década de los años cuarenta del pasado siglo, por encargo del Consistorio castreño, a manos de presos políticos y sin las autorizaciones correspondientes. En un principio fue un balneario con vestuarios, baños de algas y un bar-restaurante que pretendía ser un lugar de descanso para los enfermos, con el estilo de arquitectura racionalista que había imperado a lo largo de las décadas de los 20 y los 30. Más tarde, en 1942, la familia Alonso arrienda la instalación y en 1945 el balneario se transforma en hotel, alquilándolo un madrileño.

Diez años después, el Ayuntamiento logra la concesión de uso del dominio público marítimo-terrestre, que concede el Gobierno de España para un edificio balneario que diera servicios a la playa de Brazomar, a través de una resolución que fue ratificada en 1963 por la Orden Ministerial de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas. El edificio se saca en 1956 a subasta y es adquirido por 310.000 pesetas por el castreño Ramón Peña Aznar, quien realizó obras de ampliación. Cuatro años después lo compró la familia Alonso.

En 2008, el Gobierno declara la caducidad de la concesión al estarse utilizando el edificio como hotel y no como balneario. Es en ese momento cuando comienza la batalla de la familia Alonso por seguir con su negocio. En 2010, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el proyecto de demolición que, tras ser impugnado, fue confirmado por la Audiencia Nacional en 2013. Seis años después, el Supremo ha ratificado el derribo del hotel.

Tras el adiós definitivo al emblemático edificio con la mencionada demolición, los castreños verán cómo se recompone el paseo marítimo. Según explicó anteriormente el concejal de Obras del Ayuntamiento, Alejandro Fernández, la actuación podrá darse totalmente finalizada después de los trabajos del pavimentado de la acera, dando continuidad a la balaustrada, el paseo marítimo y las jardineras del mismo. Así pues, el proyecto prevé que la zona nueva de paseo sea igual a la ya existente, respetando el deslinde marítimo-terrestre.

Por otro lado, con el final de las obras podrán quitarse las vallas que rodean el perímetro, tanto en la zona de la playa, como en la carretera, recuperando la normalidad para el tráfico rodado, incluyendo también el carril bici, ahora cortado y cuyos usuarios deben compartir la vía de un único sentido con el resto de vehículos a motor, siendo esta la opción que «menos trastorno crease a vehículos y peatones».