El 'caso Proconor' de Castro vuelve al Juzgado de lo Penal para ser enjuiciado

Respecto a este asunto, hay que recordar que el pasado 31 de mayo, la magistrada Rosa María Gutiérrez, encargada de enjuiciar la causa, emitió una providencia en la que acordaba la devolución de las actuaciones al Juzgado Instructor de Castro para subsanar el defecto procesal apreciado por no haber traslado al Ayuntamiento de Castro Urdiales la responsabilidad civil subsidiaria que reclaman las acusaciones en el caso, lo que supone dar audiencia al Consistorio castreño para que presente escrito de defensa.

De esta forma, la magistrada quería evitar, como ya ha ocurrido en otros casos procedentes del Juzgado Número 2 de Castro, que el juicio tuviera que suspenderse por «indefensión» de alguna de las partes.

Tras recibir esta providencia, la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro, Irene Rodríguez del Nozal, propuso a las partes «la anulación del auto de apertura de juicio oral de 2013 y la emisión de uno nuevo en el que se incluya al Ayuntamiento de Castro como responsable civil subsidiario, con conservación de los actos posteriores no viciados de nulidad, y posteriormente, emplazar al Consistorio a que presente escrito de defensa y requerirle el pago de la fianza correspondiente».

Fue el pasado 1 de octubre cuando la instructora castreña emitió un auto en el que declara la nulidad de actuaciones con retroacción de las mismas al momento inmediatamente anterior al dictado de auto de apertura de juicio oral, con el fin de incluir al Ayuntamiento de Castro como responsable civil subsidiario, «si bien la nulidad no afectará a los actos sucesivos que fueren independientes de aquel ni la de aquellos cuyo contenido hubiese permanecido invariable aun sin haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad».

En dicho auto, la magistrada requería tanto al Ayuntamiento de Castro como a los veinte acusados (de los 23 iniciales dos fueron absueltos por la Audiencia y otro falleció en 2016) para que depositaran una fianza de 537.529 euros para asegurar sus responsabilidades pecuniarias.

Además, la jueza recordaba también que la Fiscalía solicitó que, en concepto de responsabilidad civil, se acordase la nulidad de las resoluciones de fechas 19 de julio de 2002, 11 de abril de 2006, 18 de abril de 2006, 7 de julio de 2006 y 24 de mayo de 2006 y la demolición de la edificación construida al amparo de este último decreto.

De su lado, las acusaciones particulares, Caixabank y BBVA, manifestaron que reclamaban responsabilidad civil pero que la cuantía debía fijarse en el juicio oral. Posteriormente, el 3 de marzo de 2018, Caixabank concretó el importe de la responsabilidad civil exigible al Ayuntamiento de Castro de forma subsidiaria en 4.483.297 euros.

El 'caso Proconor' está estrechamente ligado al 'caso Santa Catalina', en el que hay nueve condenados por la pérdida de 416 metros cuadrados en la zona situada entre el colegio Arturo Dúo y el polideportivo Pachi Torre destinados a equipamiento público. La zona investigada en el 'caso Proconor' está a escasos metros de la de 'Santa Catalina'. Según el instructor del caso, «se ha reducido el equipamiento público en cerca de 600 metros cuadrados y con ello la continuidad espacial y funcional del conjunto de la superficie prevista en el PGOU».