El 'caso Proconor', próximo pleito de Castro que pasará por los juzgados

Tras la finalización el pasado viernes del juicio del 'caso UTE Dícido', en el que están acusados los expedáneos de Mioño y Lusa, Víctor Echevarría y Antonio Alijo, respectivamente, por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida prevaricación y coacciones en relación con el arrendamiento de unos terrenos mineros a la UTE Dícido, todo parece indicar que la siguiente causa en juzgarse será el denominado 'caso Proconor', que afecta el desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución 1.26, ubicada junto al polideportivo Pachi Torre, donde se construyó un edificio de 51 viviendas que se paralizó en 2010.

En el auto de procedimiento abreviado, el juez Acayro cifró en 403.147 euros el perjuicio ocasionado al patrimonio municipal por el desarrollo urbanístico de esa zona, ya que no debía haberse fraccionado la parcela destinada a equipamiento de cesión obligada ni se debía haber autorizado la apertura de viales sobre la misma. «Se ha reducido el equipamiento público en cerca de 600 metros cuadrados y con ello la continuidad espacial y funcional del conjunto de la superficie prevista en el PGOU». El instructor señaló que este desarrollo urbanístico siguió su tramitación a pesar de que había cinco informes negativos y vinculantes de la Crotu y ocho más de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento. La Fiscalía solicitó en su escrito de acusación, fechado en 2012, un año de cárcel y diecisiete de inhabilitación para el exalcalde de Castro, Fernando Muguruza, y para la ingeniero municipal, Mari Carmen Villanueva, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística. Esta causa está en manos del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander, «aunque aún no tiene fecha porque se están resolviendo varias cuestiones procesales», según informaron desde el TSJC.

Junto a este procedimiento hay otro también pendiente, que es la más importante de los instruidos por el juez Acayro y que se conoce como 'caso La Loma', un macroprocedimiento en el que están acusados un total de 46 personas -entre políticos, constructores y funcionarios- por la presunta concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, carentes de servicios como agua, luz y limpieza viaria.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, encargada de juzgar el caso, reclamó el pasado 10 de abril al Juzgado de Castro que reconstruyera los autos que faltaban en la causa, y éste ha contestado esta semana asegurando que «ha habido unos errores materiales», que ya ha subsanado, con lo que sólo falta esperar que la Sala fije la fecha del juicio y el lugar de celebración debido al gran número de acusados.

Los otros dos casos pendientes de juicio están ahora en manos de la Audiencia, que deberá resolver los recursos de apelación presentados por algunos de los acusados, después de que el Juzgado de Castro recharaza los recursos de reforma. Se trata del 'caso APD-2 de Cotolino,' en el que están imputadas 12 personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística, y 'caso sobresueldos', en el que están imputados tres exalcaldes de Castro (Rufino Díaz Helguera, Fernando Muguruza e Iván González), junto a otras once personas entre expolíticos y funcionarios, por «graves ilegalidades en materia de contratación de personal, así como en el abono de complementos retributivos que son inexistentes en la legislación de función pública».