Rechazo frontal en el Parlamento al cierre del Centro de Día de Castro Urdiales

Para la diputada y portavoz del PP en materia de Políticas Sociales, Isabel Urrutia, que ha defendido la propuesta, «aún estamos a tiempo de evitar el cierre del Centro de Día». Un asunto en el que el Gobierno de Cantabria «nos ha llevado a todos al límite», ha aseverado. «Lo tenemos que decidir hoy, porque solamente la presión social, la presión de las familias y la presión política harán entrar en razón al Gobierno de Cantabria y paralizar el cierre del servicio». Para ello ha pedido al Ejecutivo cántabro que busque fórmulas en el ordenamiento jurídico que permitan mantener la actividad más allá del final de este año, y también, que no se eche del centro a los usuarios hasta el día que se inicien los trabajos. Asimismo, mientras se estén ejecutando las obras, los populares requieren que se siga manteniendo un centro de atención diurna dentro de la zona básica de servicios sociales de la costa oriental, y el mantenimiento de los puestos de trabajo del Centro de Día.

La diputada popular ha recordado que empresa que gestiona el centro asistencial comunicó en julio al Gobierno que no continuaría con el servicio el próximo año, «y si hubiera licitado un nuevo contrato de concesión de servicios no estaríamos aquí hablando de lo que estamos hablando, aunque el Gobierno quisiera hacer un nuevo proyecto al que nosotros no nos oponemos». Sin embargo, «el Gobierno no hace los deberes y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) no licita porque a su directora no le da la gana». La diputada popular ha lamentado que «es en noviembre, a menos de dos meses del cierre, cuando decide que va a echar a los usuarios de allí incumpliendo toda la normativa mientras realiza el proyecto que no sabe ni para cuando estará, porque no hay proyecto, ni obra, ni licitación, ni tiempos, ni dinero». Es, a juicio de Urrutia, «una invención para tratar de salvar una situación insalvable».

La portavoz del PP ha puesto sobre la mesa tres soluciones recogidas en el Ordenamiento Jurídico para evitar suspender el servicio en Castro. Por un lado, una encomienda a la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social, para que presten el servicio hasta que se inicien las obras. Por otro, la aprobación de una resolución de licitación de la gestión del centro castreño, y un contrato de emergencia en tanto se pone en marcha esa licitación para que los 12 trabajadores actuales continúen realizando su servicio. Y la última, «y la que menos convence» a la portavoz popular, es «una herramienta que les da el Ordenamiento jurídico en el artículo 21 bis de la Ley 14/2006 de Finanzas de Cantabria, que es el enriquecimiento injusto de la Administración». «Pero ojo con ver quien firma una memoria en la que se diga que el Gobierno no ha sido conocedor de que el Centro de Día iba a cerrarse el 31 de diciembre y que no ha podido licitar un contrato», ha advertido.

El diputado de Vox, Armando Blanco, ha reprochado a la Consejera de Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, «tuviera la desfachatez de justificar que esta situación se debe a que el Centro de Día iba a sufrir una rehabilitación sin haber presentado un cronograma de las obras, o un proyecto de ejecución». Teniendo en cuenta los plazos, «es imposible que estas obras comiencen antes del verano y probablemente no lo hagan hasta dentro de un año si no es más» según el diputado de Vox.

Por su parte, Félix Álvarez (Cs) ha pedido «sentido común» para la ejecución de los trabajos. Esto es, que «hasta el día antes que comiencen esas obras este Centro de Día tiene que estar abierto para que estos mayores, las familias y los empleados sufran las consecuencias de la menor manera posible».

De su parte, la diputada la diputada del PSOE, Eva Salmón, ha defendido que el departamento que dirige Gómez de Diego «está trabajando en la búsqueda de soluciones para que estos usuarios continúen teniendo la misma prestación con el mismo nivel de calidad y puedan seguir estando ahí a partir del 1 de enero». Además ensalzó la labor del Ayuntamiento castreño, «que está reuniéndose con todos los afectados porque quiere buscar una solución para los ciudadanos de Castro». Respecto a los puestos de trabajo, Salmón ha añadido que «se van a crear más cuando se cree la residencia», si bien ha remarcado que «otra cosa distinta es hablar de los trabajadores de esta empresa privada, y ellos dependen de la empresa, que es quien tiene que buscarle soluciones a cada momento».

En la misma línea, desde el Partido Regionalista, Emilia Aguirre, ha insistido en que por parte de la Consejería se están manteniendo reuniones para buscar una solución», y ha asegurado que la instalación «va a permanecer abierta hasta el día anterior a que empiecen esas obras».

Por ello, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores, usuarios y familias, porque está «segura de que van a darse soluciones» dado que existen «muchas herramientas jurídicas que se están estudiando y negociando por parte de la Consejería de Políticas Sociales con la empresa y con el Icass».

Además, y dado que la Consejería había planteado trasladar a los usuarios a centros de día de otros municipios durante el cierre, la regionalista ha aclarado que su grupo «no respalda» esta alternativa. «Se deberá habilitar y buscar soluciones en el propio municipio, ya que no hacerlo pudiera generar confusión a los usuarios, al ser personas mayores con problemas físicos y cognitivos», ha idicado.