Santullán cree que «hay indicios suficientes para acusar a más personas» en La Loma

Tras la retirada de cargos de la fiscal Pilar Santamaría frente a 39 de los 45 acusados inicialmente, todas las miradas está puestas en la representante de esta Pedanía de 800 vecinos, ya que en su escrito de calificación provisional acusaba a 14 personas (ocho exconcejales que formaban la Junta de Gobierno en el momento en que se produjeron los hechos, cinco técnicos y un arquitecto).

Cuando se enteró de que las acusaciones particulares que defendían a los vecinos de La Loma habían decidido retirarse del caso, Merino pensaba que la Fiscalía iba a apoyar ese planteamiento y a modificar su escrito de acusación, «pero el cambio ha sido mayor». «Hay una parte que sí que me sorprende en lo que va más allá del tema de las estafas».

Por contra, la letrada de Santullán entiende que el nuevo escrito de la Fiscalía es «correcto» en el sentido de que acusa a los que considera y no defiende a los que ha retirado los cargos. «La fiscal no tiene que erigirse en defensa del resto».

Aún con todo, Merino cree que durante el juicio la fiscal dará más explicaciones sobre su decisión, «porque es el juicio el que marca todo el planteamiento de la causa, no un escrito inicial de conclusiones».

La letrada de la Pedanía castreña asume con «muchísimo respeto y rigor» el hecho de que ahora esté en sus manos el devenir de diez personas, que son las que pueden quedar fuera del caso (29 ya lo están) si Santullán se adhiere al escrito de la fiscal. «Cuando diriges una acusación la tienes que valorar mucho y tienes que tener indicios muy claros».

Respecto a los hechos que, según la Fiscalía, deben ser objeto del juicio, es decir, todo lo relacionado con la tramitación del Plan Parcial del SUNP-12, donde se levanta la Urbanización Residencial San Pelayo que promovió Sacyr Vallehermoso, la letrada de la acusación particular cree que «no hay nada nuevo en la tramitación que ha hecho el Ayuntamiento de Castro que afecte a lo que en su día pensábamos que eran actuaciones presuntamente delictivas».

No obstante, Merino reconoce que tiene una posición procesal «difícil». «Porque nosotros defendemos a una Pedanía, pero el Urbanismo defiende derechos generales, que también tienen que ser defendidos por la Fiscalía, el Ayuntamiento de Castro, Fomento, Carreteras... Hay mucha gente que está afectada por esto. A la Junta se le viene una responsabilidad muy grande».

En este sentido, la letrada de Santullán considera que la decisión de la fiscal «no debería afectarnos porque cuando hicimos la acusación se pensaba y creemos que hay indicios suficientes para acusar a más personas, sobre todo por los delitos de prevaricación». «Nuestra acusación está condicionada por el auto de la Audiencia de 2015 rechazando la mayoría de recursos de apelación y por el auto de apertura de juicio oral».

Merino asegura que será mañana o el martes cuando la Pedanía decida su postura en el juicio. «No nos interesa dilatar los plazos. Eso sí, si mantenemos la acusación, en responsabilidades civiles nos vamos a adherir a la Fiscalía». «Si las viviendas son irregulares, que se derriben todas». «Y si seguimos en el procedimiento vamos a ir de la mano de la fiscal, pero con nuestros planteamientos». «En 2012 la Fiscalía acusaba a todo el Pleno por el SUNP 12 y nosotros solo a la Junta de Gobierno», matizó.