El caso de los 'sobresueldos' sentará en el banquillo a tres exalcaldes de Castro Urdiales

En está causa, una de las dos que quedaban pendientes de enjuiciar desde que se cerrara la instrucción en el año 2015, están imputados los exalcaldes de Castro, Rufino Díaz Helguera (1991-2003), Fernando Muguruza (2003-2007) e Iván González (2007-2011), además de los exconcejales José Miguel Rodríguez 'KyK', Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Agustín Fernández, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, Elisa Dopico, Agapito Pastor; los funcionarios Pedro Luis Arroyuelos y Gregorio Alcedo; y el exsecretario municipal, César Saiz. Se les imputa un delito continuado de prevaricación administrativa, un delito continuado de malversación de caudales públicos y en el caso de Pedro Luis Arroyuelos también un delito de falsedad en documento público.

En el auto de procedimiento abreviado que de alguna forma queda ahora ratificado por la Audiencia Provincial, el juez Acayro asegura que el Ayuntamiento de Castro «se ha gestionado en un contexto generalizado, manifiesto y prolongado de graves ilegalidades en materia de contratación de personal, así como en el abono de complementos retributivos que son inexistentes en la legislación de función pública, o sin cumplirse los requisitos legales para su abono o, incluso, cantidades superiores a las previstas en determinados contratos de personal laboral sin justificación alguna».

El instructor señala que hay acreditadas 29 contrataciones directas de personal laboral en el Ayuntamiento de Castro Urdiales «sin superar proceso selectivo alguno», a los que suma otros 14 «puestos claves» ocupados mediante contratación o designación directa. «Para ocupar estos puestos también se ha designado 'a dedo' a funcionarios de grupo de titulación o categoría profesional inferior al puesto a ocupar, al margen de la legalidad, sin ningún tipo de proceso».

Además, el recaudador municipal e interventor accidental, Gregorio Alcedo, y el funcionario Pedro Luis Arroyuelos, son, según el magistrado, los beneficiarios de unos «pluses» que habrían aprobado los miembros del equipo de gobierno entre los años 2008 y 2009. Respecto al primero de ellos, el instructor asegura que se ha beneficiado de esos sobresueldos a través de un «complemento personal transitorio (CPT)», «sin motivo ni título legítimo alguno que lo justificase» y que le ha supuesto un beneficio propio «y correlativo perjuicio para las arcas públicas» de cerca de 100.000 euros, tal y como consta en el informe de intervención de la Agencia Tributaria.

Sobre Arroyuelos, empleado al que se le asignan funciones de responsable en la elaboración y tramitación de nóminas, el instructor dice que uno de los motivos que posibilita incluir los conceptos inexistentes en la legislación es que el sistema informático presenta «importantes carencias». «En beneficio propio y correlativo perjuicio para las arcas públicas, se ha incluido en la nómina conceptos aplicados al resto de trabajadores de manera lineal y periódica, y, como propio de su puesto, el llamado 'complemento personal transitorio', por importe de 200.000 euros».

Por contra, cabe recordar que el Consejo de Estado, el órgano consultivo del Gobierno de España, consideró, tras consulta del Ayuntamiento castreño, que no procede declarar nula la concesión de un complemento personal transitorio a los dos funcionarios municipales.

De los catorce imputados, sólo tres (Fernando Muguruza, Iván González y José Miguel Rodríguez 'KyK') no han apelado este auto ante la Audiencia, quien ahora rechaza uno por uno los recursos de los otros once investigados. Según recoge la Sala en su auto de 32 páginas, a Díaz Helguera se le imputa «por la contratación de personal sin seguir el procedimiento establecido y sin hacer caso a las notas de reparo del Interventor municipal, por haber votado a favor, en cuanto concejal o alcalde del Ayuntamiento de Castro, de los presupuestos municipales de 2008 y 2009, en los que se consignan como partidas de gastos el pago de los CPT, Bolsa de Navidad, Coso Blanco y productividad y por el pago de los complementos de CPT, Bolsa de Navidad, Coso Blanco y productividad a sabiendas de su ilegalidad, según se deriva de la documentación aportada». La Audiencia concluye que «se contrató con un criterio personalísimo y opaco allí donde el orden jurídico imponía el máximo de objetividad y transparencia».

A los ocho exconcejales se les imputa por haber votado a favor de esos presupuestos de 2008 y 2009, y la Sala los considera, al menos a los que han recurrido, «cooperadores necesarios». Y al exsecretario César Saiz se le imputa por su intervención en la contratación de su hija María Ángeles Saiz, «obviando su obligación legal de abstención».